El asesinato de Daphne sigue siendo una prueba para el Estado de derecho en Europa

El empresario Yorgen Fenech ha sido absuelto de complicidad en el asesinato de Daphne Caruana Galizia.

El veredicto es una obscena injusticia, extraordinariamente difícil de conciliar con la cantidad de pruebas presentadas durante el proceso. No puede poner fin al debate europeo sobre el asesinato de Daphne, la corrupción que ella sacó a la luz ni los fallos institucionales que rodearon su asesinato.

Casi nueve años después de que una periodista fuera víctima de un atentado con bomba en un Estado miembro de la UE por hacer su trabajo, el sistema judicial maltés ha fracasado de forma tan catastrófica que el hombre acusado de encargar su asesinato es ahora un hombre libre.

Los hombres que llevaron a cabo el asesinato están entre rejas. Los proveedores de la bomba han sido condenados. El intermediario admitió su participación e identificó a la persona que, según él, encargó el asesinato.

Sin embargo, nadie ha sido condenado por ordenar el asesinato de Daphne Caruana Galizia.

Para el Grupo del PPE, la historia no puede terminar aquí.

El asesinato de Daphne nunca fue simplemente un caso penal maltés. Se convirtió en una prueba para Europa: si la Unión Europea es capaz de defender la democracia, la libertad de prensa y el Estado de Derecho cuando estos se ven atacados en uno de sus propios Estados miembros.

Una investigación pública independiente determinó que el Estado maltés debe asumir la responsabilidad por el asesinato de Daphne. Concluyó que una cultura de impunidad, generada en las más altas esferas del Gobierno, se extendió por las instituciones del país y creó las circunstancias que hicieron posible su asesinato.

El juicio a Fenech puso de manifiesto las consecuencias de esos fallos.

Los registros retrasados, las pruebas que no se aseguraron cuando debían haberse hecho, las filtraciones y la falta de una investigación adecuada de personas cercanas al poder político formaron parte de la defensa. Se plantearon serias dudas sobre terceros influyentes y sobre la falta de investigación por parte de las autoridades con la urgencia y el rigor necesarios.

Aquí hay una amarga ironía.

El hecho de que el Estado no lograra esclarecer los hechos en su totalidad, no recabara pruebas y no investigara adecuadamente a personas influyentes se utilizó luego para sembrar la duda en la sala del tribunal.

El fracaso institucional pasó a formar parte de la defensa.

La posibilidad de que otras personas estuvieran implicadas en el asesinato de Daphne debería haber ampliado la búsqueda de responsabilidades. Nunca debería haberse convertido en una vía para ocultar la responsabilidad individual.

Tampoco pueden ignorarse los acontecimientos que siguieron al asesinato de Daphne. Se ocultaron pruebas. Se obstaculizó la justicia. Personas cercanas a las más altas esferas del poder político se beneficiaron de un trato que los ciudadanos de a pie nunca podrían esperar. La responsabilidad de esos fallos recae directamente sobre el Estado maltés.

Hay informes que indican que se recurrirá la absolución. Eso es lo mínimo que debería ocurrir. Debe agotarse rigurosamente toda vía legal capaz de corregir este resultado.

Pero este caso ha puesto de manifiesto algo que va más allá de un simple veredicto.

Un sistema judicial que puede dedicar casi nueve años a investigar y juzgar el asesinato de una periodista de relevancia internacional, solo para que el proceso termine en un caos semejante, es evidente que no funciona como debería.

El sistema judicial de Malta requiere una reforma urgente. Las deficiencias puestas de manifiesto aquí afectan a la capacidad del Estado para investigar a personas poderosas, preservar las pruebas y hacer justicia cuando chocan los intereses políticos y económicos.

No se trata de una preocupación exclusivamente maltesa. Malta es un Estado miembro de la Unión Europea. Cuando Daphne fue asesinada, estaba investigando la intersección entre la corrupción, el poder político y los poderosos intereses empresariales.

La mataron para impedir que continuara con su trabajo. Casi nueve años después, llevar a juicio la corrupción que ella sacó a la luz sigue siendo una parte esencial de la administración de justicia. Por lo tanto, Europa también tiene una responsabilidad.

El asesinato de una periodista que investigaba la corrupción no es simplemente una tragedia nacional. Es un ataque a la democracia europea.

No puede tolerarse que las conexiones políticas protejan a las personas del escrutinio, ni aceptarse investigaciones viciadas, ni normalizarse la impunidad cuando se amenaza o se asesina a periodistas por las verdades que sacan a la luz.

Debe investigarse cualquier pista creíble que apunte a una conspiración más amplia. Las declaraciones prestadas bajo juramento deben examinarse rigurosamente. Cualquiera que haya obstaculizado o comprometido la investigación debe rendir cuentas. Y la corrupción que Daphne fue asesinada para impedir que sacara a la luz debe ser finalmente perseguida.

La Comisión Europea debe seguir insistiendo en la necesidad de contar con instituciones eficaces, unas fuerzas del orden independientes y una auténtica reforma del Estado de derecho en Malta.

El Parlamento Europeo debe seguir examinando el historial de Malta y mantener el caso de Daphne firmemente en la agenda europea.

Ha concluido un juicio penal. La responsabilidad de Europa, no.

La justicia para Daphne pone a prueba si la Unión Europea cumple lo que promete cuando se compromete a defender la democracia, la libertad de prensa y el Estado de derecho.

Para el Grupo del PPE, no puede haber ambigüedad. Así debe ser.