Se necesitan 10 millones de viviendas nuevas en Europa

10 millones. Esa es la cantidad de viviendas nuevas que Europa necesita en los próximos años para hacer frente a la crisis de la vivienda. La falta de acceso a la vivienda se ha convertido en un problema grave en toda la UE, que afecta a la vida de las personas y frena la competitividad de nuestra Unión. No estamos construyendo ni renovando lo suficiente, y no lo estamos haciendo con la rapidez necesaria. El Parlamento Europeo creó la primera comisión especial de la historia dedicada a la crisis de la vivienda, con un único objetivo: elaborar la primera hoja de ruta de Europa para abordar con urgencia este reto.

El informe resultante, aprobado por amplia mayoría en el Parlamento Europeo el pasado mes de marzo, traza un camino claro: reforzar la cooperación con las autoridades nacionales, regionales y locales; impulsar la construcción y la renovación de viviendas; mejorar el acceso a la financiación pública y privada; desarrollar políticas específicas para los más necesitados; y mejorar el intercambio de datos.

El verdadero reto consiste en pasar de la coordinación a varios niveles a la acción y abordar la raíz del problema: la escasez de viviendas. Existe una necesidad urgente de resolver este déficit masivo de 10 millones de viviendas. Las cifras, sencillamente, no cuadran. Es inevitable que los precios se vean sometidos a una fuerte presión al alza. El informe del Parlamento no solo expone las causas, sino que también ofrece medidas concretas para revertir la situación.

La UE dispone de herramientas. Sabemos que es esencial impulsar un proceso de simplificación normativa. La burocracia excesiva está asfixiando al sector de la construcción. Debemos dar prioridad al Paquete de Simplificación de la Vivienda y a la Ley de Servicios de la Construcción. Tenemos que poner a disposición terrenos. Debemos agilizar el proceso de concesión de licencias. Es inaceptable que las solicitudes de licencia de obras puedan tardar hasta dos años en resolverse. Hay que reducir la carga fiscal. Proponemos una reforma de la Directiva del IVA para permitir la aplicación de un tipo superreducido. Debemos impulsar la innovación en el sector de la construcción: la industrialización, la construcción modular o prefabricada pueden ayudar a resolver el problema. La seguridad jurídica es esencial para el mercado inmobiliario.

Si nos tomamos en serio la reducción del déficit y la construcción de 10 millones de viviendas, debemos movilizar capital. Los fondos públicos nunca serán suficientes. Atraer la inversión privada es vital. Debemos garantizar que el crédito llegue a las pequeñas y medianas empresas de la construcción. Debemos promover las colaboraciones público-privadas. Los fondos europeos tienen un papel importante que desempeñar, a través del Banco Europeo de Inversiones y de la anunciada plataforma paneuropea de inversión en vivienda. 

El Parlamento lo tiene claro: debemos actuar en materia de oferta y financiación. La Comisión Europea dispone de un margen de maniobra considerable. Entonces, ¿qué falta? Voluntad política, buen criterio y la determinación de obtener resultados. La primera propuesta de la Comisión para abordar la crisis de la vivienda no da en el blanco. El 9 de septiembre, la Comisión presentó un paquete inicial de medidas que incluía una serie de recomendaciones a los Estados miembros y una propuesta legislativa sobre vivienda asequible. Entre las recomendaciones, hay algunas que merece la pena destacar: agilizar los trámites de concesión de permisos de obra y licencias, reducir los plazos de construcción a 60 días, facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes y hacer un mejor uso de la financiación europea. Suena bien, pero, por el momento, eso es todo lo que son: recomendaciones.

Sin embargo, la segunda propuesta de este paquete, la denominada «Ley de Vivienda Asequible», es una auténtica decepción. Su objetivo es regular los alojamientos turísticos de corta estancia sin aclarar cómo eso ayudará a resolver el problema de la vivienda, sino que, en cambio, propone restricciones a la compra de segundas residencias o de terrenos que no se utilicen como residencia principal. Estas ideas contravienen directamente algunos principios fundamentales del proyecto europeo, como la protección de la propiedad privada, la libre competencia y la economía de mercado. Y no solo eso: se trata de una medida que ya se ha probado en otros países: Francia y Suiza son dos ejemplos. Según diversos estudios, estas medidas pueden frenar parcialmente los precios, pero también tienen efectos negativos sobre el empleo y la actividad económica. Difícilmente puede considerarse esta la mejor respuesta posible al problema que nos ocupa.

La propuesta de la Comisión parece derivarse más de prejuicios ideológicos e intereses políticos que de un deseo genuino de resolver el problema de la vivienda. El comisario europeo Dan Jørgensen y la vicepresidenta de la Comisión, Teresa Ribera, se equivocan en su enfoque. Parece que están intentando replicar ciertos aspectos de la política de vivienda del Gobierno español, que favorece el intervencionismo, limita los precios, desalienta la inversión y reduce la oferta. Se trata de medidas que agravan la crisis, y por eso ya han sido rechazadas por el Parlamento Europeo al ultimar su informe.

No resolveremos la escasez de viviendas en Europa regulando sus efectos, como sugiere la izquierda política. Tenemos que generar crecimiento y prosperidad. Necesitamos urgentemente atraer inversiones, no ahuyentarlas. Para ello, debemos simplificar la normativa, reducir la burocracia, bajar los impuestos, fomentar la innovación y atraer financiación, tanto pública como privada. Diez millones de nuevas viviendas: tenemos el plan para hacerlo realidad; ahora necesitamos la determinación.