La innovación es fundamental para garantizar el empleo y alcanzar los objetivos climáticos de la UE

«Debemos asegurarnos de que la protección de los puestos de trabajo industriales y la competitividad, por un lado, y la consecución de nuestros objetivos climáticos, por otro, dejen de ser incompatibles», advirtió hoy el eurodiputado Peter Liese, portavoz de política climática del Grupo del PPE y negociador jefe del Parlamento Europeo para la revisión del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (RCDE), al presentar su proyecto de informe.

«Debemos hacer todo lo posible para garantizar que bajen los precios de la electricidad. La clave para ello es la inversión en innovación. Los países de la UE que obtienen su electricidad principalmente de fuentes de energía nacionales climáticamente neutras —como Portugal, Suecia y Finlandia— tienen unos costes de electricidad relativamente bajos en comparación con Alemania e Italia, que dependen en gran medida de los combustibles fósiles. Por lo tanto, el comercio de derechos de emisión debe ofrecer incentivos más fuertes que antes para la inversión en energía limpia nacional. Esto se aplica sobre todo a los ingresos de los Estados miembros. Los ministros de Hacienda de toda Europa han sembrado la confusión en repetidas ocasiones con trucos contables. Como ponente, presento una propuesta que refuerza aún más el sólido enfoque de la Comisión en este ámbito».

En su proyecto de informe, Liese pide que no solo se reinvierta el 50 % de los ingresos del RCDE en los sectores del RCDE1, tal y como propone la Comisión, sino hasta un 75 %. Además, propone una subcuota para las industrias con un alto consumo energético que corren el riesgo de deslocalizar sus operaciones y, en consecuencia, de sufrir fugas de carbono. 

«También es importante aumentar el número de derechos de emisión gratuitos. La Comisión propone incrementarlos en un 47 % con respecto al sistema actual. Yo abogo por un aumento aún mayor, especialmente para el período hasta 2030. A cambio, sin embargo, es justo exigir a las empresas que realicen inversiones. Propongo un inicio gradual. En 2031, la obligación de realizar inversiones debería aplicarse únicamente a la parte de los derechos de emisión gratuitos que sea nueva en comparación con el sistema actual. No obstante, con el paso de los años, este requisito irá aumentando y, para 2040, debería ser más estricto que lo propuesto por la Comisión. Para ser sinceros: quien no haya iniciado aún un proyecto de descarbonización para 2040 no podrá seguir recibiendo apoyo mediante derechos de emisión gratuitos», afirmó Liese.

El informe respalda en general el enfoque de la Comisión, pero lo modifica, sobre todo en lo que respecta a la reducción global de los derechos de emisión —es decir, la trayectoria de reducción—, que es crucial para la protección del clima. «El sistema actual está orientado a alcanzar el objetivo de 2030; dado que elevamos drásticamente nuestra ambición a mitad de la década (debido al Pacto Verde), la trayectoria de reducción es especialmente pronunciada en este momento. Nadie puede afirmar en serio que sea realista que todos los sectores del RCDE, incluido el sector de la aviación, alcancen emisiones cero para 2039. Ni siquiera la compensación mediante la eliminación de CO₂ de la atmósfera es posible en la actualidad. El sistema actual no es realista. Ajustar la trayectoria de reducción se ajusta plenamente al objetivo de la UE para 2040 y a los objetivos de neutralidad climática», afirmó Liese.

El Grupo del PPE insiste en que las empresas que ya han comenzado a invertir no deben verse perjudicadas por la reforma. «La propuesta de la Comisión apoya a los denominados “pioneros”. Por ejemplo, pueden recibir derechos de emisión gratuitos hasta 2040, aunque ya no generen ninguna emisión. Sin embargo, propongo más cambios, como garantizar que el 10 % superior de cada sector no solo reciba los derechos de emisión gratuitos que necesita, sino incluso más, y que se preste mayor atención que antes a los denominados acuerdos climáticos con las empresas (Carbon Conference for Difference)», añadió Liese.

Se insta a todos los grupos políticos a trabajar de forma constructiva para alcanzar un acuerdo político global sobre la reforma del RCDE antes de febrero de 2027.