La inclusión no es caridad, es justicia

¿Vivir con dignidad e independencia es un privilegio o un derecho?

Imagínate llamar a una puerta tras otra en busca de trabajo y que te rechacen, no porque no estés cualificado, sino porque tienes una discapacidad. Imagínate que necesitas ir al médico, a clase o coger el autobús para ir al trabajo, pero te encuentras con que estos servicios básicos están construidos para todos menos para ti. Para millones de personas con discapacidad de toda la Unión Europea, esto no es imaginación, es la realidad cotidiana.

Demasiadas personas con discapacidad siguen quedando excluidas del trabajo digno, de la vida pública y de los servicios destinados a apoyar y proteger a todos los ciudadanos.

El acceso a un trabajo de calidad sigue siendo uno de los mayores obstáculos para las personas con discapacidad en la UE. Resulta chocante que sólo el 47,4% de los jóvenes con discapacidad estén empleados, lo que supone una asombrosa diferencia de 20 puntos con respecto a sus homólogos sin discapacidad. Esto no es sólo una estadística. Es la diferencia entre inclusión y aislamiento, entre independencia y pobreza.

De hecho, más del 28% de las personas con discapacidad viven en riesgo de pobreza o exclusión social. Eso no es sólo inaceptable, es evitable. El empleo es más que un sueldo. Es dignidad, autonomía y la capacidad de pertenecer plenamente a la sociedad.

Pero los retos no acaban aquí. La asistencia sanitaria sigue estando fuera del alcance de muchos. Las oportunidades de educación superior y formación profesional siguen siendo escasas. La vivienda accesible y asequible es una penosa carencia en toda la UE. Las actuales leyes de transporte, aunque han mejorado, siguen siendo insuficientes, lo que convierte los desplazamientos en una batalla constante.

Y para las mujeres con discapacidad, estos retos se agravan. Se enfrentan a múltiples niveles de discriminación: mayor desempleo, salarios más bajos, índices alarmantes de violencia y dificultades adicionales para acceder a la asistencia sanitaria.

La Unión Europea -y cada uno de nosotros- tiene que hacer más, ¡y hacerlo mejor! El camino a seguir exige medidas audaces y concretas. Es urgente cerrar la brecha del empleo garantizando un acceso más fácil a los puestos de trabajo a través de programas de apoyo específicos, incluida la formación a medida, y aplicando ajustes razonables en el lugar de trabajo. Las personas con discapacidad deben tener garantizada la accesibilidad a la sanidad, la educación y la vivienda mediante leyes actualizadas y una financiación adecuada de servicios inclusivos que respondan a sus necesidades reales. Las políticas de transporte deben revisarse urgentemente para eliminar las barreras restantes y garantizar una verdadera movilidad para todos. Estos son los pilares de la plena integración y la verdadera independencia.

Además, la reducción del riesgo de pobreza requiere sistemas de protección social que sean inclusivos y respondan a las necesidades de las personas con discapacidad. La discriminación específica de género también debe abordarse de frente con recursos específicos destinados a proteger y empoderar a las mujeres con discapacidad.

La inclusión es equidad, no caridad. El Grupo del PPE se compromete a poner en práctica estos objetivos con políticas concretas y una firme voluntad política.

Ahora es el momento de actuar. Por la dignidad. Por la igualdad. Por un futuro en el que nadie quede excluido. Porque pertenecer no es un privilegio, es un derecho.