Documento de posición del Grupo PPE: Gestión de la migración: estrategia firme, justa y orientada hacia el futuro

Introducción

El Grupo PPE defiende una Europa que proteja sus fronteras y luche contra la inmigración ilegal. Queremos frenar la migración descontrolada para que Europa no se vea desbordada a la hora de integrar a quienes tienen derecho a quedarse.

La adopción del Pacto sobre migración y asilo supuso un paso crucial hacia una política migratoria europea más controlada. Sin embargo, persisten los retos, lo que requiere nuevas medidas a nivel de la UE. El Grupo PPE seguirá siendo la fuerza motriz que impulse a Europa hacia una gestión de la migración firme, justa y orientada al futuro.

Consideramos que es necesario adoptar nuevas medidas audaces para repatriar rápidamente a quienes se encuentran en situación irregular en la Unión, reforzar nuestras fronteras exteriores y proteger el espacio Schengen, derrotar a los traficantes y contrarrestar la instrumentalización de los migrantes por parte de terceros países o grupos hostiles que no pertenecen al estado miembro.

Tenemos claro cuáles son nuestras prioridades. Llevaremos a cabo un plan de nueve puntos para superar los principales retos migratorios a los que se enfrenta nuestro continente. Estamos dando los siguientes pasos hacia una política migratoria que funcione para nuestra Unión y sus ciudadanos.

Preámbulo

La migración supone un gran reto para Europa y sigue siendo motivo de preocupación. Si bien en 2024 hemos empezado a observar una disminución del número de entradas irregulares, lo que confirma la eficacia de las políticas aplicadas y ejecutadas por el Grupo PPE, muchos estados miembros siguen enfrentándose a una importante presión migratoria, especialmente los que se encuentran en primera línea y a lo largo de las fronteras orientales de la UE.

En vista de ello, aunque estamos plenamente comprometidos con un sistema de migración y asilo firme pero justo que cumpla con el derecho internacional y de la UE, consideramos que es urgente aplicar medidas más estrictas contra quienes deben abandonar la UE, así como impedir la entrada de quienes no cumplen las condiciones necesarias. Las normas están ahí para proteger a nuestros ciudadanos y, al cumplirlas, también podemos ayudar a quienes realmente necesitan protección. Para ello, las autoridades nacionales, en particular las fuerzas del orden, deben disponer de los fondos, las herramientas y la seguridad jurídica necesarios. Queremos ser firmes a la hora de equilibrar las obligaciones y los derechos de quienes residen legalmente en la UE. Queremos garantizar que todos los estados miembros tengan la capacidad y las herramientas necesarias para gestionar la migración de manera eficiente y evitar interpretaciones erróneas en lo que respecta a la aplicación de la legislación de la UE.

1: Políticas de repatriación

Hasta ahora, solo el 20 % de las decisiones de repatriación se ejecutan de manera efectiva, aunque las políticas de repatriación eficaces son fundamentales para gestionar la migración. Los Estados miembros deben disponer de un conjunto de instrumentos jurídicos y operativos eficaces para ejecutar las decisiones de retorno y disuadir las llegadas y estancias irregulares, respaldados por medidas tales como garantías financieras o la detención por incumplimiento. Nuestro objetivo será facilitar la ejecución de las decisiones de repatriación y evitar cargas administrativas innecesarias a las autoridades encargadas de su aplicación. Pedimos que se refuerce el papel de Frontex, permitiendo también su participación en operaciones de repatriación entre terceros países. La Comisión ha presentado una propuesta de nuevo Reglamento sobre repatriación, centrada en: el reconocimiento mutuo de las decisiones de repatriación, la reducción de los plazos de recurso, el endurecimiento de las obligaciones de las personas que deben ser repatriadas y las consecuencias del incumplimiento, la aceleración de los procedimientos para los presuntos delincuentes, incluido el refuerzo de los motivos de detención y restricción de la libertad de circulación, la mejora de las medidas para luchar contra la fuga, así como la limitación de los efectos no sancionadores de los recursos. Las repatriaciones forzadas deben seguir siendo una opción creíble y las salidas voluntarias deben suprimirse cuando supongan un obstáculo grave para la ejecución efectiva de las repatriaciones.

Las consecuencias del incumplimiento deben ser estrictas. También debe incluir la obligación de los estados miembros de tomar todas las medidas necesarias para garantizar que las autoridades conozcan el paradero de la persona que debe ser devuelta y que esta permanezca a disposición de las autoridades hasta que haya abandonado efectivamente el territorio del estado miembro. Se debe imponer una prohibición de entrada en la UE a largo plazo a las personas que sean devueltas por la fuerza, incluida una prohibición permanente e indefinida para aquellas que representen una amenaza para la seguridad. Acogemos con satisfacción la propuesta de la Comisión de crear un marco jurídico para establecer centros de repatriación fuera de la UE, de conformidad con las normas internacionales, y le invitamos a seguir buscando soluciones innovadoras para combatir la migración ilegal en cooperación con terceros países.

2: Proteger y reforzar las fronteras exteriores

Proteger las fronteras exteriores de la UE es esencial para gestionar eficazmente la migración. Dentro de la UE y del espacio Schengen, los estados miembros siguen siendo responsables de decidir quién entra en su territorio. Una gestión de fronteras eficaz también implica nuestra capacidad para responder a una miríada de amenazas híbridas, entre las que se incluye, entre otras, la instrumentalización de los migrantes. Debemos garantizar unas fronteras exteriores más seguras con controles más estrictos y rigurosos de las llegadas irregulares. Debe implantarse un sistema integral de vigilancia electrónica en todas las fronteras exteriores de la UE, respaldado por medidas estructurales y técnicas de protección fronteriza. Es fundamental intensificar la cooperación con organismos como Frontex, Europol y Eurojust, y apoyar a los estados miembros.

Frontex debe transformarse en una agencia europea de fronteras plenamente operativa, equipada con tecnologías de vigilancia avanzadas y de última generación, como drones, inteligencia artificial y sistemas biométricos. El despliegue de Frontex debería extenderse a las regiones ultraperiféricas, garantizando una protección integral de las fronteras. Es necesario alcanzar sin demora acuerdos de cooperación con los países africanos y otros países aliados. Nos comprometemos a triplicar su personal hasta alcanzar los 30 000 efectivos y a adoptar la legislación necesaria lo antes posible, incluidas las modificaciones presupuestarias. De manera coordinada y con el apoyo de la financiación de la UE, los estados miembros deberían establecer centros regionales de seguridad fronteriza en las zonas sometidas a presión migratoria. También debemos proporcionar financiación europea para infraestructuras físicas, mejoras en la seguridad electrónica de las fronteras y otras herramientas innovadoras para la vigilancia fronteriza. Dado el contexto geopolítico, debemos cambiar el paradigma y pasar de la seguridad fronteriza a la defensa fronteriza. En el próximo Marco financiero plurianual de la UE deberían garantizarse nuevos recursos financieros para satisfacer todas las necesidades en este ámbito.

3: Cooperación estratégica con terceros países

La migración incontrolada ejerce presión sobre los servicios públicos, perturba las economías locales y fomenta las tensiones sociales, especialmente en los estados miembros de primera línea, como España, Italia o Grecia, y en los estados miembros más pequeños y geográficamente vulnerables, como Chipre y Malta, con efectos también en países de movimiento secundario, como Alemania o Francia. Las alianzas estratégicas con terceros países son fundamentales para gestionar la migración. La cooperación debe centrarse en abordar las causas profundas, mejorar el desarrollo de capacidades y la gestión de las fronteras, combatir las salidas irregulares, el contrabando y el tráfico ilícito, y facilitar las repatriaciones. Los acuerdos alcanzados con Túnez, Egipto o Líbano nos muestran el camino a seguir. El acuerdo entre la UE y Túnez por sí solo ha dado resultados tangibles, reduciendo las llegadas irregulares a Italia en un 60 % solo este año. Instamos a la Comisión a que concluya las negociaciones con Marruecos y, en la medida de lo posible, inicie nuevas negociaciones. Los diálogos estructurados, los despliegues operativos de Frontex y la financiación específica de la UE reforzarán esta labor. También deben celebrarse acuerdos con países no vecinos, como Senegal y Mauritania, para el despliegue de Frontex, fundamental para controlar la salida de migrantes irregulares hacia las Islas Canarias, la puerta de entrada de la migración ilegal a Europa.

Compartir la responsabilidad del rescate en el mar y la aplicación de la legislación marítima también debe formar parte de las alianzas estratégicas, incluyendo puertos seguros para el desembarque de los migrantes rescatados.

Todos los estados implicados, incluidos los de África, deben cumplir con su parte. El apoyo de la UE a terceros países debería incluir la digitalización de sus administraciones, el establecimiento de un estado civil fiable y la expedición de certificados biométricos y seguros, lo que nos permitiría intercambiar datos biométricos en condiciones seguras. La UE debe utilizar todos los instrumentos disponibles (diplomáticos, económicos y de cooperación al desarrollo) para construir cooperaciones más sólidas, eficaces y mutuamente beneficiosas. La ayuda al desarrollo debe dar prioridad a los países que demuestren su compromiso con la gestión de la migración. Los mecanismos revisados de concesión de visados deberían disuadir los abusos y evitar las amenazas. Y también debe haber consecuencias si no hay cooperación. Los terceros países que no cooperen en la prevención de las salidas irregulares o en la aplicación de los acuerdos o medidas de readmisión, ya sea a nivel nacional o de la UE, no deberían recibir fondos ni visados de la UE. Dichas decisiones deben aprobarse a nivel de la UE y aplicarse de manera uniforme en todos los estados miembros.

4: Protección del espacio Schengen

El espacio Schengen es uno de los logros más tangibles de la integración europea y uno de los principales pilares del proyecto europeo. En los últimos años, el espacio Schengen se ha enfrentado a una presión extraordinaria debido a las amenazas que plantean el terrorismo, la radicalización, la delincuencia organizada y los movimientos secundarios no autorizados de nacionales de terceros países. El Grupo PPE defiende un espacio Schengen seguro y sin fronteras que, al mismo tiempo, reconozca el derecho de los estados miembros a reintroducir controles fronterizos internos temporales como medida de último recurso, aplicada de forma excepcional, proporcionada, durante un periodo limitado y que se retire tan pronto como las amenazas dejen de existir. No son los estados miembros, sino las amenazas persistentes y cambiantes las que suponen un peligro para la integridad de Schengen. La resiliencia del espacio Schengen depende de una gestión eficaz de las fronteras exteriores y de sistemas informáticos y bases de datos eficaces, como el SIS y el VIS. Instamos a que se pongan en marcha rápidamente el EES y el ETIAS. La simplificación de los procesos de solicitud de visados, la digitalización, el aumento de la capacidad del personal en las regiones con alta demanda y una mejor cooperación transfronteriza son pasos importantes hacia un espacio Schengen más seguro.

5: Implementación del pacto europeo sobre asilo y migración

El Pacto europeo sobre asilo y migración, aunque histórico, es solo la base sobre la que deben construir un enfoque totalmente integral para gestionar la migración en todas sus dimensiones. Es un buen comienzo, pero no es suficiente. Requiere una aplicación coordinada y oportuna que refleje las diferentes circunstancias de los estados miembros y que implique y apoye de manera efectiva tanto a las autoridades regionales como a las locales. Los sistemas de asilo armonizados deben diferenciar claramente entre las personas que necesitan protección y los migrantes económicos. La seguridad de las fronteras exteriores y la eficacia de los procedimientos son fundamentales para garantizar un reparto equitativo de responsabilidades y la solidaridad entre los estados miembros. Los estados miembros, con el apoyo de la Comisión, deben aplicar plenamente la legislación de la UE adoptada y la legislación vigente. Debemos realizar una revisión exhaustiva y oportuna y aprovechar al máximo el concepto de tercer país seguro con el fin de reducir el número de llegadas. Los criterios de conexión, tal y como están establecidos, no son adecuados para su finalidad y deben suspenderse.

Europa no es ni debe considerarse el único destino de toda la migración ilegal y los solicitantes de asilo. Hay que tener en cuenta los recursos finitos y las capacidades de recepción limitadas. Del mismo modo, el Reglamento sobre los requisitos debe actualizarse para hacer frente a una realidad diferente en las solicitudes de asilo. En el marco del mecanismo de Dublín, todos los esfuerzos deben orientarse a llevar a cabo los traslados dentro de plazos eficaces y fiables, desincentivando así los movimientos secundarios no autorizados.

Como complemento a la aplicación del Pacto, la Unión puede establecer medidas para incentivar y apoyar la acción de los Estados miembros en el ámbito de la integración de las personas que residen legalmente. La integración es un proceso bidireccional que exige a los migrantes aprender los idiomas locales, respetar las costumbres y las leyes, y contribuir a la sociedad. La reunificación familiar debería requerir una integración demostrada y estabilidad financiera antes de su autorización. Las medidas de integración deben combatir la radicalización y las sociedades paralelas.

6: Lucha contra el tráfico ilícito de migrantes

Más del 90 % de los migrantes irregulares recurren a los traficantes^[1]. Se ha observado que los traficantes y traficantes de migrantes se han vuelto cada vez más violentos, lo que supone un peligro para nuestros cuerpos de seguridad fronterizos a todos los niveles y un riesgo para nuestra seguridad interna. Para desmantelar las redes de tráfico, es esencial mejorar la cooperación transfronteriza, el intercambio de información y datos, el uso de tecnologías avanzadas y la coordinación entre los estados miembros y otras agencias del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI). Es necesario reforzar Frontex, Europol y Eurojust para que puedan prestar un mejor apoyo a los estados miembros en la identificación, investigación y persecución de todas las formas de delincuencia organizada, en particular el tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos, incluso con facultades de investigación no coercitivas.

Del mismo modo, debemos reforzar el marco jurídico para impedir que se facilite la entrada, el tránsito y la estancia no autorizados, con umbrales más elevados para las sanciones mínimas, incluidos los operadores de transporte. Los traficantes y traficantes han encontrado en las operaciones de búsqueda y salvamento (SAR) un método para explotar a personas vulnerables y la jurisdicción y responsabilidad de los estados miembros, y para perpetuar sus actividades ilícitas, utilizando las labores de rescate como herramienta para mantener sus redes delictivas y poner en peligro más vidas. Es preciso que todas las partes, incluida la sociedad civil, respeten la ley. Un código de conducta para las organizaciones de la sociedad civil que realizan operaciones de búsqueda y rescate debería garantizar el cumplimiento del derecho internacional y desalentar la explotación por parte de los traficantes. Para desmantelar las redes de tráfico, aprovechar al máximo la AMLA e implementar normas eficaces sobre confiscación y la inversión de la carga de la prueba, es fundamental adoptar un enfoque basado en «seguir el rastro del dinero». Pedimos que se revise el alcance de la Fiscalía Europea para incluir el tráfico ilícito de migrantes, como parte de la delincuencia organizada, en sus competencias.

7: Abordar la instrumentalización y la utilización de los migrantes como arma

La UE debe contrarrestar la instrumentalización y el uso de los migrantes como arma por parte de grupos hostiles. Debemos impedir que se utilice a las personas vulnerables como arma contra nosotros, ya sea con fines económicos o políticos. Proteger nuestras fronteras contra tales acciones hostiles es también proteger los derechos humanos de los migrantes instrumentalizados. Debemos utilizar toda la capacidad de nuestro repertorio de instrumentos, incluidas las posibilidades que ofrecen el Código de fronteras Schengen y el Reglamento de crisis. Se deben adaptar las normas actuales en materia de asilo para hacer frente a los nuevos retos y evitar que los regímenes autoritarios se aprovechen de los vacíos legales.

Se necesita una definición más completa de instrumentalización y utilización como arma para combatir eficazmente estas amenazas híbridas tanto en las fronteras exteriores de la UE como dentro de los estados. Es necesario proponer mejores normas sobre las obligaciones de los proveedores de transporte, junto con sanciones claras por incumplimiento, incluida la prohibición de operar en la UE. Además, subrayamos que es prerrogativa y obligación de los estados miembros garantizar por todos los medios su seguridad e integridad territorial. Por lo tanto, deben contemplarse medidas extraordinarias ya recogidas en los tratados, incluida la derogación temporal de la legislación secundaria, como el derecho de asilo cuando los migrantes son instrumentalizados como armas contra la UE, los estados miembros y nuestras sociedades. Se deben crear equipos de respuesta rápida de la UE para gestionar los intentos de instrumentalización en las fronteras inducidos por los planes de desestabilización promovidos desde los estados.

8: Migración laboral

Una migración legal bien gestionada puede ayudar a responder a las necesidades cambiantes del mercado laboral, satisfacer las necesidades actuales y futuras en materia de competencias y garantizar una economía dinámica. Sin embargo, solo podrá compensar la disminución de la mano de obra autóctona si las aptitudes y competencias de los recién llegados son compatibles con las necesidades de los estados miembros, con la ayuda de programas de la UE como la tarjeta azul. Las diferencias en los antecedentes educativos, culturales y lingüísticos pueden plantear retos sociales. Para maximizar los beneficios de la migración legal, debemos combinar las políticas de atracción de talento y las vías de migración con medidas sólidas a corto y largo plazo que apoyen la inclusión y la integración. Estas iniciativas permiten a los migrantes legales contribuir plenamente al desarrollo y la prosperidad compartida de la UE. La migración legal debería desempeñar un papel central en el debate más amplio, incluida la cooperación con terceros países de origen y tránsito para gestionar eficazmente los flujos migratorios. En este sentido, supervisaremos las iniciativas propuestas por la Comisión Europea, como la Reserva de talento de la UE y las Asociaciones de talento de la UE, respetando al mismo tiempo la soberanía de los estados miembros y contribuyendo a frenar la migración irregular.

9: Mirando hacia el futuro para unas políticas de migración y asilo preparadas para el futuro

La UE debe adaptar sus políticas migratorias basándose en las prácticas y tendencias recomendadas a nivel mundial, abordando no solo los retos inmediatos, sino también las dinámicas migratorias futuras. Nuestras dos prioridades principales deben ser detener la migración ilegal y hacer cumplir las decisiones de repatriación. El protocolo entre Italia y Albania es un primer paso innovador, pero decisivo, para disuadir la migración ilegal y acabar con el modelo de negocio de los traficantes, ya que demuestra que es posible solicitar y tramitar el asilo en terceros países seguros, como regla general. Instamos a la Comisión a que continúe las conversaciones sobre las plataformas regionales de desembarque a ambos lados del Mediterráneo y otras soluciones innovadoras, en las que los solicitantes de asilo puedan ser acogidos de forma segura y sus solicitudes evaluadas de manera eficiente, digna y humana.

Del mismo modo, la Comisión debe trabajar para crear centros gestionados por la UE fuera de la Unión en los que puedan trasladarse determinadas categorías de nacionales de terceros países sujetos a decisiones de repatriación mientras esperan su expulsión definitiva (centros de repatriación). La Convención sobre el Estatuto de los refugiados de 1951 ha sido fundamental para proteger a quienes huyen de la persecución. Sin embargo, el panorama mundial ha evolucionado significativamente desde su creación, con situaciones que el Convenio no había previsto. Además, el concepto de protección subsidiaria ha dado lugar a la creación de un sistema dual que socava la eficacia del Sistema Europeo Común de Asilo y pone en tela de juicio la solidaridad dentro de la UE.

La UE debe iniciar un diálogo sobre la adaptación de los Convenios de Ginebra al mundo actual, trabajando en pro de un marco más cohesionado y completo que garantice una protección sólida a los refugiados y, al mismo tiempo, aborde las preocupaciones legítimas de los estados miembros en materia de seguridad y gestión de la migración. Esta participación proactiva reafirmaría el compromiso de la UE con los derechos humanos y su liderazgo en la configuración de un régimen internacional de protección de los refugiados que responda a las necesidades.

[1] Datos de la Comisión Europea.