Definir la violación en función del consentimiento en toda Europa

El Grupo PPE pide una definición jurídicamente sólida de violación en toda la UE, basada en el consentimiento libre y revocable, tras la votación de hoy en las comisiones conjuntas de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo.

El informe votado hoy insta a la Comisión Europea a proponer legislación que asegure una definición a escala de la UE que garantice la igualdad de protección para las mujeres en todos los Estados miembros.

"Como PPE, estamos firmemente del lado de las mujeres y de su derecho a la autodeterminación sexual. La ausencia de resistencia nunca puede interpretarse como consentimiento", afirmó la eurodiputada Verena Mertens, negociadora del PPE en la Comisión de Libertades Civiles.

Mertens subrayó que "desde el punto de vista de la aplicación de la ley y del Estado de derecho, necesitamos una definición de violación jurídicamente sólida, práctica y comparable en toda la UE, basada en el consentimiento libremente otorgado y revocable, para que los delitos sean perseguidos eficazmente y los autores rindan cuentas".

Mertens subrayó que la experiencia de varios Estados miembros demuestra que la legislación basada en el consentimiento funciona: empodera a las víctimas, aumenta las denuncias y refuerza la protección jurídica de la dignidad y la libertad de las mujeres.

En la actualidad, las definiciones nacionales de violación siguen siendo muy diferentes en la UE, y en muchos países se sigue exigiendo la prueba de violencia o amenaza. Esto crea inseguridad jurídica y una protección desigual para las víctimas.

La eurodiputada Arba Kokalari, negociadora del PPE en la Comisión de Derechos de la Mujer, subrayó que ha llegado el momento de actuar. "Ha llegado el momento de definir en toda la UE la violación basada en el consentimiento. Es una pieza importante para combatir la violencia sexual contra las mujeres", afirmó. También señaló el creciente impulso en los Estados miembros para reformar las legislaciones nacionales.

Durante las negociaciones, el Grupo PPE se centró en un texto jurídicamente sólido y viable, en línea con las normas y la jurisprudencia internacionales, al tiempo que reforzaba las referencias al apoyo a las víctimas y a los enfoques informados por el trauma, reconociendo que la falta de resistencia física nunca puede interpretarse como consentimiento.

Para el Grupo PPE, es necesario colmar las lagunas de las legislaciones nacionales para garantizar un enjuiciamiento eficaz, la seguridad jurídica y la igualdad de protección de las mujeres en toda la Unión Europea.