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01.02.2023
Documento de posición del Grupo PPE sobre ASILO Y MIGRACIÓN
En abril de 2020, el Grupo del PPE adoptó un amplio documento de posición sobre asilo y migración, tras extensos debates en el seno del Grupo. Ese documento, en el que se establecen nuestras prioridades clave en materia de asilo y migración, sigue siendo muy pertinente. No obstante, una serie de acontecimientos han afectado a las políticas de asilo y migración de la Unión.
La pandemia mundial provocada por el virus SARS-CoV-2, que comenzó en marzo de 2020, supuso la reintroducción de controles en las fronteras interiores y perturbó el funcionamiento del espacio Schengen y la libre circulación de personas. Provocó un descenso drástico y temporal del número de llegadas irregulares a la UE. Sin embargo, las entradas irregulares en los tres primeros trimestres de 2022 son las más altas registradas desde 2016, lo que muestra, entre otras cosas, un efecto retardado de la toma del poder por los talibanes en Afganistán sobre la migración a Europa. Los Balcanes Occidentales y el Mediterráneo Central siguen siendo las rutas más activas. Como consecuencia, varios Estados miembros han mantenido o reintroducido los controles en las fronteras interiores.
En el verano de 2021, el régimen de Lukashenko inició un ataque híbrido contra las fronteras orientales de la UE mediante la instrumentalización de los migrantes. Las autoridades bielorrusas organizaron la entrada en Minsk de nacionales de terceros países procedentes de Oriente Próximo y su posterior desplazamiento a la UE, incluso mediante el uso de la fuerza contra los migrantes y violaciones de la soberanía lituana, letona y polaca. Esta instrumentalización de los migrantes sigue una pauta observada anteriormente en Evros (Grecia) por las autoridades turcas en febrero de 2020 y en Ceuta (España) por las autoridades marroquíes en mayo de 2020, así como la instrumentalización en curso observada en Chipre, a través de la Línea Verde por Türkiye durante los últimos 6 años.
El 24 de febrero de 2022, Rusia inició una guerra ilegal de agresión contra Ucrania, provocando el mayor desplazamiento de personas en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y la primera activación de la Directiva de Protección Temporal de la UE desde su adopción en 2001 tras la guerra de Yugoslavia. La solidaridad sin precedentes con los refugiados ucranianos es un punto fuerte de la UE e ilustra que existe la voluntad de ofrecer solidaridad a los Estados miembros bajo presión. Sin embargo, la acogida de refugiados ucranianos, junto con el elevado número de nacionales de terceros países que solicitan protección internacional en la UE, está poniendo a prueba los sistemas de asilo y acogida de los Estados miembros. Además, la brutal agresión de Rusia contra Ucrania desencadenó una crisis alimentaria mundial, que ha golpeado con especial dureza a los países en desarrollo y ha presionado a los Estados miembros situados en primera línea, como Rumanía y Polonia, que habían estado garantizando el tránsito de grano procedente de Ucrania.
En este contexto, el presente documento de posición sobre asilo y migración prevé una revisión y actualización específicas del documento de abril de 2020, en particular mediante la introducción de nuevas propuestas políticas para hacer frente a las situaciones de instrumentalización e identificar las lecciones aprendidas de la acogida de refugiados ucranianos y de la Directiva sobre protección temporal.
La migración masiva es un fenómeno global. Las personas siempre se han desplazado entre los continentes y dentro de ellos, impulsadas por las guerras y los conflictos, el miedo, la pobreza, la inestabilidad, el cambio climático, el hambre y la esperanza de encontrar un lugar mejor para vivir. La gente también se desplaza de forma legítima y organizada para estudiar, trabajar o reunirse con su familia en otros países. Sin embargo, este documento de posición se centra principalmente en las personas que buscan protección internacional y en la migración ilegal.
La Democracia Cristiana tiene sus raíces en el principio de la dignidad humana, que dicta que no se puede negar ayuda a los necesitados. Inspirándose en este principio, el Grupo PPE quiere garantizar un enfoque humano de la migración basado en soluciones responsables.
En 2021, crisis de diversa índole obligaron a huir a 16,1 millones de personas. Esto aumentó el número total de desplazados forzosos hasta los 103 millones a mediados de 2022, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). A finales de 2021, unos 53,2 millones de ellos eran desplazados internos y el resto, desplazados fuera de su país de origen.
La gestión de la migración ha sido y seguirá siendo uno de los retos y oportunidades intergeneracionales que definen a Europa. La experiencia de la última década ha demostrado que es necesario actuar con eficacia para frenar la inmigración ilegal, que seguirá siendo un reto persistente en los próximos años.
Las tendencias subyacentes en el desarrollo económico, los cambios demográficos, la globalización en el transporte y las comunicaciones, así como la inestabilidad en las regiones vecinas, significan que las personas seguirán buscando refugio en la UE, en busca de una vida mejor o para reunirse con sus familiares cercanos. Por lo tanto, es imperativo que la Unión Europea encuentre finalmente una respuesta europea común a este desafío que garantice una solidaridad y una responsabilidad significativas de conformidad con el artículo 80 del TFUE.
En 2015/2016, la Unión Europea se enfrentó a un reto excepcional cuando casi dos millones de personas llegaron a sus costas en el espacio de dos años, a menudo arriesgando sus vidas a manos de contrabandistas en su camino hacia Europa.
Se introdujeron una serie de medidas para hacer frente a ese reto y se ha propuesto nueva legislación, pero la lucha contra los traficantes y contrabandistas de seres humanos, la promoción de vías legales, el refuerzo de nuestras fronteras exteriores y la lucha contra la inmigración ilegal están todos entrelazados. No obstante, la Unión Europea sigue debatiendo formas de encontrar un enfoque común en los ámbitos del asilo y la migración.
Los debates en curso para el establecimiento de un nuevo marco legislativo global deben ser una prioridad urgente para que la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) entre en vigor durante esta legislatura.
Según Europol, más del 90% de las personas que llegan a la UE de forma irregular recurren a traficantes para facilitar parte de todo su viaje. Los Balcanes Occidentales -con el 45% de todas las detecciones de entradas irregulares en la Unión Europea registradas durante 2022- y las rutas del Mediterráneo Central siguen siendo las rutas migratorias más activas. Estos viajes no terminan necesariamente con la llegada al territorio de la UE. Una vez cruzadas las fronteras exteriores, las redes delictivas continúan su actividad, facilitando movimientos secundarios no autorizados dentro de la UE y sentando las bases para una mayor explotación sexual o laboral y la creación de estructuras de delincuencia organizada. Incumbe a todos los Estados miembros y a sus autoridades hacer todo lo posible para evitar que las personas embarquen en buques inseguros y caigan en las redes de los traficantes de seres humanos.
Las medidas restrictivas aplicadas durante la pandemia demostraron la capacidad de las redes de contrabando y trata de personas para adaptarse rápidamente utilizando nuevas rutas, tecnologías y modus operandi. A lo largo de todas las rutas, los modelos de negocio cínicos e inhumanos de las redes de contrabando ponen en peligro la vida humana, en particular la de mujeres y niños. Desalentar la migración ilegal debe ser, por tanto, el núcleo de nuestras políticas como medio de combatir las redes delictivas y su explotación de personas vulnerables.
Corresponde a los Estados miembros decidir quién entra en su territorio, no a los delincuentes. Es crucial reforzar todas las medidas contra los contrabandistas y traficantes de seres humanos, romper su modelo de negocio y acabar con su impunidad. Una mayor cooperación transfronteriza, un mayor intercambio de información y coordinación entre los Estados miembros, acciones operativas coordinadas, así como formación y recursos adecuados para las autoridades y organismos competentes, son esenciales para abordar problemas como la trata de seres humanos y garantizar que los contrabandistas y traficantes no tengan margen de actuación. La Comisión debe evaluar las acciones ya emprendidas contra el tráfico y la trata de seres humanos y, en caso necesario, proponer medidas legislativas y no legislativas para reforzar la lucha contra estas redes delictivas y proteger la vida de los refugiados.
Un compromiso más estrecho, el intercambio de información, la coordinación y una cooperación bien estructurada y permanente con terceros países siguen siendo fundamentales para prevenir el tráfico y la trata de inmigrantes. Esto incluye el desarrollo de capacidades en materia de legislación efectiva sobre asilo, aplicación de la ley y gestión de fronteras, pero también en ámbitos como la educación, las reformas institucionales y económicas y la política social. También es necesario promover campañas de información y sensibilización sobre los riesgos del tráfico ilícito, la trata y la migración ilegal. Este es un componente crucial para evitar que los posibles migrantes y solicitantes de asilo, incluidas las personas en situaciones especialmente vulnerables como los niños, emprendan viajes peligrosos hacia la UE.
Esta cooperación bien estructurada y permanente con terceros países es un factor clave para alcanzar los objetivos de la gestión integrada de las fronteras europeas. En este contexto, el Grupo PPE acoge con satisfacción las acciones de la Comisión para desplegar FRONTEX en terceros países, a través de acuerdos operativos. La Comisión, a través de los fondos de la UE, también debería apoyar a los Estados miembros que desplieguen agentes de forma bilateral y apliquen medidas de protección fronteriza allí donde no opere FRONTEX, sin perjuicio de la necesaria coherencia y coordinación a escala de la UE.
El uso y seguimiento de las plataformas de medios sociales puede desempeñar un papel central como herramienta para identificar las redes de contrabando y trata de seres humanos y evitar que las personas recurran a sus métodos cínicos e inhumanos. Las operaciones humanitarias financiadas por la UE deben seguir teniendo en cuenta las necesidades y vulnerabilidades específicas de los niños y garantizar su protección cuando son desplazados. Todos los programas de la UE deben continuar, con una estricta supervisión y control presupuestario en los principales países de origen y tránsito, y deben aplicarse como parte de una estrategia coherente con terceros países.
La Comisión debe evaluar anualmente la política de migración de la UE, incluidos los factores de expulsión y atracción, así como la disposición y preparación de los países de los Balcanes Occidentales para colaborar constructivamente con los Estados miembros en cuestiones de migración, con el fin de mejorar la capacidad de la Unión para la previsión estratégica y la preparación ante las crisis, lo que es esencial para la resistencia de la Unión sobre el terreno.
El interés superior del niño debe evaluarse y tenerse en cuenta como consideración primordial en todas las acciones o decisiones que le conciernan, al tiempo que debe garantizarse el derecho de todo niño a ser tratado como tal ante todo.
El espacio Schengen es uno de los logros más tangibles de la integración europea y uno de los principales pilares del proyecto europeo. Garantiza la libre circulación de más de 400 millones de ciudadanos de la UE, además de los nacionales de terceros países que se encuentran legalmente en el territorio de la Unión.
En los últimos años, el espacio Schengen se ha visto sometido a una presión extraordinaria debido a las amenazas que plantean el terrorismo, la radicalización, la delincuencia organizada, los movimientos secundarios no autorizados de nacionales de terceros países y, más recientemente, las restricciones impuestas por la pandemia.
La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX) es un hito en la historia de la gestión de las fronteras europeas y un elemento esencial para garantizar la protección eficaz de las fronteras exteriores de Europa. El establecimiento de un sistema de Guardia Europea de Fronteras y Costas de pleno derecho ha convertido los principios de responsabilidades compartidas y solidaridad entre los Estados miembros y la Unión en una realidad tangible. La Agencia vigila de cerca la protección de las fronteras exteriores de la UE y apoya la aplicación de las medidas de la Unión relativas a su gestión, mientras que los Estados miembros conservan la responsabilidad principal de la gestión de sus fronteras exteriores en su propio interés nacional y en el interés más amplio de todos los Estados miembros. Trabaja para identificar y abordar rápidamente cualquier amenaza a la seguridad, en plena colaboración con los Estados miembros, en el territorio en el que operan sus agentes.
El Grupo PPE apoya firmemente a FRONTEX como agencia clave de la UE y rechaza enérgicamente cualquier intento de debilitar su papel en la protección de las fronteras exteriores de la UE. Además, el Grupo PPE toma nota de que el responsable de Derechos Fundamentales de la agencia aboga por una mayor implicación de FRONTEX para supervisar y apoyar a los Estados miembros en el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en el acervo de la UE.
También acogemos con satisfacción la ampliación del mandato de FRONTEX a través del Reglamento (UE) 2019/1896, que permite a la Agencia firmar acuerdos operativos y desplegar equipos con competencias ejecutivas en cualquier tercer país Las instituciones de la UE deben garantizar una financiación adecuada para que la Agencia lleve a cabo su mandato con el equipo y el personal necesarios. En este sentido, la Agencia debería alcanzar sin más demora el objetivo estratégico de contar con una capacidad de 10 000 personas operativas. Las agencias de la UE que trabajan en su país o en el extranjero deben defender siempre los valores de la Unión Europea.
El Grupo del PPE acoge con satisfacción el documento político de la Comisión que desarrolla una política estratégica plurianual para la gestión integrada de las fronteras europeas (GIFE) como instrumento de importancia crítica para los Estados miembros y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (EBCG) en la gestión de las fronteras exteriores de la UE.
Tras la adopción de normas sobre la interoperabilidad de los sistemas de información, se están presentando una serie de herramientas mejoradas de control fronterizo, como el sistema de entradas y salidas, el Sistema de Información de Visados, el Sistema de Información de Schengen y el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, para aumentar el intercambio de información entre los Estados miembros. El Grupo del PPE acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de poner en marcha el sistema más avanzado de entrada y de intercambio de información para proteger a la Unión y a sus ciudadanos.
La reforma del sistema Eurodac y el nuevo reglamento que introduce el control de los nacionales de terceros países deben concluirse rápidamente para colmar las lagunas de información y los puntos ciegos, garantizando al mismo tiempo los derechos fundamentales de todos los solicitantes. Las categorías ampliadas para el registro de nacionales de terceros países en el sistema Eurodac permitirán, además, controlar mejor los movimientos dentro de la UE y evitar el fraude de identidad.
Todas las agencias de Justicia y Asuntos de Interior que desempeñan un papel en la gestión de las fronteras deben contar con una financiación adecuada para garantizar su funcionamiento diario y su capacidad para proteger las fronteras exteriores de la UE y la seguridad dentro del espacio Schengen, especialmente a la luz de su apoyo operativo a los Estados miembros para gestionar los desplazamientos provocados por la guerra de Rusia en Ucrania. Las operaciones deben respetar los derechos fundamentales y el Derecho internacional.
La Comisión presentó una propuesta para modificar el Código de Fronteras Schengen y el Mecanismo de Evaluación y Control de Schengen con el fin de que el espacio Schengen sea más fuerte y adaptable a los constantes desafíos. A este respecto, el Grupo PPE subraya que los Estados miembros conservan su derecho a introducir controles temporales en las fronteras interiores como medida de último recurso, que solo deberían establecerse de forma excepcional y proporcionada durante un periodo limitado. Cualquier medida de este tipo debería retirarse tan pronto como dejen de existir las amenazas. Por lo tanto, el Grupo PPE acoge con satisfacción las propuestas sobre alternativas a los controles en las fronteras interiores.
En tiempos en los que la arquitectura de seguridad de Europa está amenazada, la ampliación del espacio Schengen proporcionaría seguridad adicional y un mejor control en las fronteras exteriores de Europa. En este sentido, el Grupo PPE acoge con satisfacción la plena adhesión de Croacia al espacio Schengen e insta al Consejo a que tome todas las medidas necesarias para adoptar su decisión sobre la plena aplicación de las disposiciones del acervo de Schengen a Bulgaria y Rumanía lo antes posible en 2023, garantizando así la supresión de los controles de personas en todas las fronteras interiores para estos Estados miembros lo antes posible. Bulgaria y Rumanía son socios fiables que protegen las fronteras exteriores de la UE y contribuyen eficazmente a un alto nivel de seguridad y prosperidad, como han demostrado las recientes crisis. Al igual que ha ocurrido con Croacia, la adhesión de Bulgaria y Rumanía reforzaría el espacio Schengen y contribuiría también a garantizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos en su interior.
El Grupo PPE también acoge con satisfacción las disposiciones propuestas para el Código de fronteras Schengen, que obligan explícitamente a la Comisión Europea a establecer normas mínimas comunes para la vigilancia de las fronteras terrestres exteriores a escala europea, así como las disposiciones que establecen con más detalle las posibilidades de vigilancia fronteriza en una situación de instrumentalización de los migrantes, haciendo hincapié en las medidas preventivas.
La aplicación efectiva del SECA y la salvaguardia del espacio Schengen requieren una política de retorno eficaz para los nacionales de terceros países que no tienen motivos legales para permanecer en la UE.
Cada año se ordena a unos 500.000 nacionales de terceros países que abandonen la UE, ya que no tienen derecho a entrar o permanecer en su territorio. Sólo el 19% son devueltos a países fuera del continente europeo, según el Tribunal de Cuentas Europeo. Esta cifra aumenta ligeramente hasta el 29 por ciento si se tienen en cuenta los países de Europa. A pesar de los continuos esfuerzos de los Estados miembros, la Comisión Europea y FRONTEX, incluido el nombramiento del Coordinador de la UE para el Retorno en marzo de 2022 y la adopción de una Estrategia de la UE para el Retorno Voluntario, la tasa de retorno está lejos de ser satisfactoria. Esto a menudo pasa factura, no solo a las personas involucradas, sino también a las instalaciones de recepción de la UE y a las comunidades locales involucradas. Es imperativo para el sistema que el número de retornos aumente sustancialmente.
Aumentar los retornos requiere esfuerzos adicionales por parte de los Estados miembros y de terceros países. Los sistemas de retorno de los Estados miembros deben funcionar de forma coordinada. Entre las medidas clave figuran el seguimiento activo de la situación de los nacionales de terceros países durante todo el procedimiento de retorno, el refuerzo de la asistencia a los nacionales de terceros países que cooperen y estén dispuestos a partir voluntariamente y la garantía del cumplimiento de la obligación de retorno. Además, es necesario mejorar el intercambio de información y la coordinación sobre las solicitudes rechazadas entre los centros de acogida y los agentes pertinentes que intervienen sobre el terreno para evitar la fuga y los movimientos secundarios respetando plenamente los derechos fundamentales. Por lo tanto, es imperativo completar la refundición de la Directiva de Retorno. Todos los esfuerzos en materia de retorno deben garantizar, siempre que sea posible y adecuado, que la decisión de retorno de los nacionales de terceros países se tramite en un centro de acogida, sin que se prolonguen innecesariamente los períodos de detención.
La plena aplicación del Sistema de Información de Schengen para los retornos también es clave para mejorar los procedimientos fronterizos y prevenir los movimientos secundarios.
Los Estados miembros deberían hacer pleno uso del nuevo mandato de FRONTEX para facilitar y coordinar los retornos, teniendo en cuenta su ampliación tanto en las dimensiones internas como externas, incluidas las actividades previas y posteriores al retorno. También deberíamos hacer un mejor uso del Coordinador del Retorno para garantizar un sistema de retorno europeo eficaz y común.
En el marco del Acuerdo de Cotonú, cada uno de los Estados de África y del Caribe Pacífico se ha comprometido al retorno y a la readmisión de cualquiera de sus nacionales que se encuentre en situación irregular en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea, a petición de dicho Estado miembro y sin retrasos innecesarios. Este compromiso no ha dado los resultados esperados en este ámbito. Por lo tanto, pedimos que se apoye el nuevo Acuerdo de Asociación UE-ACP para mejorar la aplicabilidad de los aspectos de la cooperación UE-ACP relacionados con la migración y pedimos su ratificación y entrada en vigor. El Grupo PPE pide al Consejo que garantice que todos los Estados miembros apoyan unánimemente la adopción del acuerdo lo antes posible.
Tanto la negociación como la aplicación de los instrumentos de readmisión deben basarse en un mensaje firme y coherente de que la UE y sus Estados miembros esperan la cooperación del tercer país en cuestión. El Reglamento sobre el Código de Visados sirve a este propósito y debería ser utilizado por la Unión y sus Estados miembros. A este respecto, el Grupo PPE subraya como condición previa para la exención de visados que el tercer país alinee su política de visados con la de la UE.
Es necesario que la Comisión revise la eficacia del mecanismo de suspensión del artículo 8 del Reglamento 2018/1806. Los procedimientos existentes son onerosos y no pueden aplicarse fácilmente cuando surge un problema. Los Estados miembros también deben poder notificar un aumento de los nacionales de terceros países que llegan a través de países que tienen una exención de visado.
El Grupo del PPE toma nota del éxito de la condicionalidad de los visados y reitera su llamamiento a ampliar el mecanismo de condicionalidad para incluir también la ayuda al desarrollo.
No obstante, la cooperación debe ser mutuamente beneficiosa y basarse en el principio de "más por más", incluida la política de visados de la UE, según la cual los esfuerzos adicionales de los países de origen y tránsito se ven recompensados con una mayor cooperación y un apoyo adicional de la UE.
Todas las políticas, instrumentos y herramientas pertinentes de la UE, incluidos los acuerdos comerciales, así como la ayuda al desarrollo, la migración legal y las políticas de visados, deberían vincularse a la cooperación de terceros países en el ámbito de la migración y el retorno y la readmisión. Es crucial aprovechar los acuerdos de readmisión existentes y que la UE y sus Estados miembros celebren nuevos acuerdos de readmisión sobre migración y asociaciones de movilidad con terceros países.
Deben realizarse revisiones periódicas del nivel de cooperación para garantizar que las asociaciones se basan en una cooperación sostenible. El respeto y la responsabilidad compartidos en la protección de los derechos fundamentales deben ser la base de toda cooperación. Una cooperación insuficiente por parte de los países de origen y tránsito debería conducir a una disminución de la cooperación y el apoyo de la UE, sin que ello afecte a la necesaria ayuda humanitaria.
Por lo que respecta a la dimensión interna de su mandato de retorno, FRONTEX debería seguir potenciando una plataforma común de retorno para la recopilación de información, el análisis, la planificación y la organización de acciones comunes con el fin de facilitar la cooperación entre los Estados miembros y los terceros países, en particular para la organización y aplicación de los procedimientos de retorno y readmisión.
Es crucial que las decisiones de retorno se reconozcan mutuamente. Aunque todos los Estados miembros deben reforzar sus actividades en este ámbito, la eficacia del retorno sólo puede mejorarse si aumentamos la coordinación entre los Estados miembros y trabajamos hacia un enfoque europeo. En este sentido, el Grupo PPE apoya el trabajo del Coordinador de la UE para el Retorno y la Red de Alto Nivel para el Retorno.
La red europea de funcionarios de enlace de inmigración, en combinación con los funcionarios de enlace de retorno de FRONTEX y los funcionarios de enlace de migración europeos en terceros países, debería conducir a un despliegue eficaz en terceros países y los situará en una posición para una supervisión adecuada a nivel operativo basada en solicitudes concretas de retorno o readmisión por parte de los Estados miembros.
La Estrategia de la UE sobre retorno voluntario y reintegración, presentada por la Comisión en abril de 2021, y la estrategia operativa para un retorno más efectivo adoptada por la Comisión en enero de 2023 son herramientas importantes para garantizar un retorno más rápido y sostenible de los nacionales de terceros países. El Grupo PPE espera que la UE y sus Estados miembros, dentro de sus respectivas competencias, apliquen la estrategia en su totalidad, incluyendo el fomento y la promoción de programas específicos de reintegración social y laboral. Debería prepararse una estrategia de la UE para los retornos forzosos.
En 2020, la Comisión propuso un Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que se basa en las propuestas de 2016 para una reforma del SECA. Su objetivo es ofrecer un enfoque global en los ámbitos de la gestión de fronteras, la migración, el asilo y la integración, entre otros.
Nuestras prioridades no han cambiado sustancialmente. Para el Grupo PPE, es de suma importancia poner en marcha un sistema común de migración y asilo capaz de funcionar correctamente en todo momento y de responder a las crisis migratorias actuales y futuras y a las tendencias migratorias mundiales. Necesitamos un sistema que proteja a los necesitados, a los ciudadanos europeos y a las fronteras exteriores de la UE, con el objetivo de restablecer la confianza entre los Estados miembros y la confianza en la capacidad de la Unión Europea para gestionar la migración.
En el marco del Pacto, el nuevo Reglamento de Gestión del Asilo y la Migración incluye una refundición del sistema de Dublín para determinar el Estado miembro responsable. Para el Grupo PPE, es crucial que el nuevo Reglamento garantice un reparto equitativo de la responsabilidad, un mejor cumplimiento de las normas y de la jerarquía de criterios para determinar qué Estado miembro de la UE es responsable de examinar una solicitud de asilo, y la realización efectiva de los traslados. La cooperación y la confianza entre los Estados miembros deben aumentar.
El principio de solidaridad y reparto equitativo de responsabilidades, incluidas sus implicaciones financieras, entre los Estados miembros, debe regir el sistema de asilo y migración. En este contexto, el Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración establece un mecanismo de solidaridad para hacer frente a las situaciones de presión migratoria. Para el Grupo PPE, es esencial que todos los Estados miembros contribuyan, de forma equitativa, en el marco del mecanismo de solidaridad. El Grupo PPE está a favor de un mecanismo de solidaridad obligatorio con formas flexibles de apoyar a los Estados miembros que lo necesiten, incluso mediante contribuciones financieras, reubicaciones voluntarias y otras medidas.
La UE debe garantizar que la mayoría de las solicitudes de asilo se examinen en las fronteras exteriores de la Unión o en la zona de tránsito de un Estado miembro antes de tomar una decisión que autorice la entrada del solicitante en el territorio de la UE. El procedimiento fronterizo del Reglamento refundido sobre el procedimiento de asilo es una herramienta importante para garantizar la claridad del proceso de solicitud y mejorar la gestión de las fronteras. Teniendo en cuenta que la tasa de aprobación de las solicitudes de asilo en la UE es inferior al 40%, el umbral para autorizar el procedimiento fronterizo debe ser realista. Además, al aplicar el procedimiento fronterizo, los Estados miembros velarán por que las personas sujetas al mismo no estén autorizadas a entrar en el territorio de la UE. Independientemente de ello, todos los solicitantes deben experimentar unas condiciones aceptables y adecuadas en las instalaciones de acogida de la UE.
No obstante, también deberían continuar los debates sobre la posibilidad de permitir la presentación de solicitudes de asilo fuera del territorio de la UE, lo que podría crear una vía legal hacia la Unión para los beneficiarios de protección internacional. En este contexto, el Grupo PPE también apoya la rápida adopción del Marco de Reasentamiento de la UE.
Las nuevas normas en materia de asilo deberían hacer el sistema más eficaz y resistente, desalentar los abusos e impedir los movimientos no autorizados. También debe haber obligaciones claras y adecuadas para los solicitantes y consecuencias definidas en caso de incumplimiento. El cumplimiento de los derechos fundamentales será prioritario.
Todos los países seguros, tanto Estados miembros de la UE como terceros países, en el Mediterráneo tienen un papel que desempeñar en las operaciones de búsqueda y rescate. El desembarco debe realizarse siempre de conformidad con el Derecho internacional, aunque tenga lugar fuera del territorio de la UE.
Salvar vidas en el mar es una obligación legal tanto en virtud del Derecho internacional como del Derecho de la Unión, pero es ante todo un acto de humanidad y solidaridad para con las personas en apuros en el mar. Los buques que lleven a cabo operaciones de búsqueda y salvamento deben cumplir la legislación internacional y de la Unión pertinente, seguir las instrucciones del Centro de Coordinación de Salvamento competente, atenerse a las normas de las autoridades de los Estados miembros y de FRONTEX y cooperar con ellas para garantizar la seguridad de los migrantes. También deben operar en las condiciones de seguridad e higiene establecidas en las normas aplicables de los países de primera entrada. Todas las agencias de la UE, incluida FRONTEX, están obligadas a defender los derechos fundamentales de todos los solicitantes de asilo. El Grupo PPE pide a la Comisión que presente un Código de Conducta para la participación de las organizaciones de la sociedad civil en las actividades de búsqueda y salvamento, con el fin de evitar la pérdida de vidas en el mar y garantizar un enfoque humanitario, al tiempo que se desalienta aún más el contrabando y las redes de trata de seres humanos. En la preparación de dicho Código de Conducta, la Comisión debería consultar en una primera fase a FRONTEX y a las autoridades de los Estados miembros que trabajan en primera línea y, a continuación, a otros actores pertinentes, como las organizaciones de la sociedad civil.
La UE debería, como parte de una "Estrategia África" coherente, reanudar el debate sobre las plataformas regionales de desembarco a ambos lados del Mediterráneo, donde los solicitantes de asilo puedan ser recibidos de forma segura y sus solicitudes evaluadas de manera eficiente, digna y humana. Estas plataformas regionales de desembarco podrían ser gestionadas por la Agencia de Asilo de la Unión Europea (AUE) y FRONTEX sin perjuicio del correcto funcionamiento del sistema de Dublín reformado.
El acuerdo entre la UE y Türkiye redujo significativamente la presión migratoria sobre Europa tras la crisis migratoria de 2015/2016. Sin embargo, desde marzo de 2020, Türkiye ha dejado de aceptar devoluciones desde las islas griegas, sin ninguna justificación válida. Además, Türkiye se niega a cooperar con Chipre en materia de devoluciones y, al mismo tiempo, sigue instrumentalizando a los migrantes a través de la Línea Verde. Además, las autoridades turcas hacen muy poco por cumplir el compromiso contraído en la Declaración Conjunta de impedir la migración ilegal de Turquía a la UE. La UE debe redoblar sus esfuerzos para que Turquía cumpla sus compromisos derivados del acuerdo UE-Turquía.
Mediante el establecimiento de acuerdos similares con los países de tránsito y los países de origen, se puede prevenir la migración ilegal al tiempo que un gran número de migrantes pueden beneficiarse de la ayuda financiera en estos países.
El refuerzo y la armonización de las normas del SECA también deberían garantizar la igualdad de trato en toda la UE en términos relativos y reducir los factores de atracción indebidos para venir a la UE.
La capacidad de las autoridades determinantes para llevar a cabo un examen riguroso y justo de las solicitudes de protección internacional depende de una serie de factores inherentes a su organización interna, sus recursos y su funcionamiento. La anticipación de los sistemas de asilo y la política de invertir en la calidad de la toma de decisiones en primera instancia mediante la dotación de recursos suficientes a las autoridades competentes son fundamentales para que los procedimientos de asilo sean rápidos y eficaces, así como la formación de su personal y las garantías procesales fundamentales para que los solicitantes puedan presentar todos los elementos de sus solicitudes en la fase más temprana posible.
La interoperabilidad de los sistemas informáticos a gran escala, como Eurodac, el Sistema de Información de Schengen, el Sistema de Información de Visados, ECRIS TCN y el Sistema de Entradas y Salidas, que proporcionan a los Estados miembros y a las agencias de la UE datos cruciales para gestionar mejor a los solicitantes de visado, controlar los flujos migratorios, seguir los movimientos secundarios no autorizados y evaluar rápidamente las amenazas a la seguridad, son imprescindibles para un sistema de asilo y migración bien gestionado en la UE.
El papel de la Agencia de Asilo de la Unión Europea (AEUE) es crucial a la hora de prestar apoyo a los Estados miembros en la tramitación de las solicitudes de protección internacional, así como en la formación de los asistentes sociales encargados de tramitar las peticiones de asilo. Como agencia de pleno derecho, la AEUE tiene ahora una lista más amplia de tareas, que han demostrado ser esenciales para apoyar a los Estados miembros y a terceros países en la tramitación del asilo y la migración.
Debemos mantener una distinción justa y necesaria entre quienes llegan a la UE de forma legal y quienes lo hacen de forma irregular. La migración legal debe tener un papel central en el debate general, incluso con terceros países de origen y tránsito sobre cómo cooperar en la gestión de los flujos migratorios.
La migración laboral tiene un impacto territorial significativo y aporta tanto oportunidades como retos a una UE envejecida y en declive demográfico. Si se gestiona correctamente, la migración laboral legal puede complementar con éxito otras políticas para invertir no sólo esta tendencia demográfica, sino también las lagunas laborales y la pérdida de mano de obra. Sin embargo, los antecedentes educativos, culturales y lingüísticos pueden convertirse a veces en obstáculos sociales divisorios. Por lo tanto, junto con las políticas para atraer talento y crear vías para la migración laboral, se necesitan otras políticas a corto y largo plazo para facilitar la inclusión y la integración de los migrantes legales en la sociedad.
Una gestión inteligente de la migración requiere una política proactiva de vías legales sostenibles, transparentes y accesibles que beneficien tanto a Europa como a los países de origen, para proteger mejor a las personas vulnerables. Esto no debe afectar negativamente a las perspectivas de desarrollo de los países en desarrollo.
La UE tiene que mejorar las normas de migración y explorar formas de atraer mano de obra, así como inmigrantes legales altamente cualificados y empresarios que puedan cubrir puestos de trabajo vacantes e impulsar el crecimiento económico. La Directiva sobre la tarjeta azul de la UE modificada y las reformas en curso de la Directiva sobre residentes de larga duración y la Directiva sobre el permiso único pueden contribuir a mejorar la situación laboral en Europa y en los países de origen. Deben respetarse las competencias de los Estados miembros en este ámbito y son ellos los que determinan las condiciones de acceso a sus mercados laborales.
También debemos reforzar nuestra cooperación con terceros países para proporcionar información objetiva y precisa sobre las ventajas de elegir vías legales y seguras en lugar de rutas irregulares y peligrosas. La UE debe entablar con esos países un diálogo estructurado y significativo sobre las necesidades de la migración legal y sobre la cooperación en la lucha contra la migración ilegal, bajo el principio de "más por más".
La migración legal debe formar parte del debate general, entre otros temas, con los terceros países de origen y tránsito sobre cómo cooperar en la gestión de los flujos migratorios. La UE debe fomentar la cooperación de las PYME entre los Estados miembros y terceros países e impulsar un sistema de inversión y no sólo de ayuda. Tenemos que implicar a las empresas para informarles sobre las opciones y ventajas de contratar a nacionales de terceros países y los procedimientos legales para hacerlo, al tiempo que luchamos contra la explotación de los inmigrantes irregulares y reforzamos las sanciones contra los empresarios que actúen en contra de la ley. Debemos aprovechar al máximo la reserva de talentos de la UE y las asociaciones de talentos para responder a las necesidades del mercado laboral.
Debería iniciarse una reflexión sobre las posibles formas de modificar el marco de la UE para gestionar la migración legal y, en particular, la laboral, incluida la consideración de modelos basados en puntos como los desarrollados en Canadá y otros países, y con respecto a las competencias de los Estados miembros.
El reasentamiento es una alternativa segura y legal a los viajes irregulares y peligrosos para las personas que necesitan protección, y una muestra de la solidaridad europea con los países no pertenecientes a la UE que acogen a un gran número de personas que huyen de la guerra o la persecución. Debe seguir correspondiendo a los Estados miembros determinar cuántos se reasientan en la UE. El compromiso continuado de los Estados miembros con el reasentamiento como vía segura y legal de entrada en la UE confirma que éste sigue siendo un instrumento útil para permitir que las personas necesitadas de protección internacional lleguen a la UE de forma ordenada, gestionada, segura y digna. Al mismo tiempo, la responsabilidad de la protección no sólo debería ser mayor por parte de la UE en su conjunto, sino también por parte de la comunidad internacional, ya que actualmente se comparte de manera desigual a nivel mundial. Debería fomentarse un mayor desarrollo en este sentido y basarse en el Foro de Refugiados de la ONU, donde el principio de reparto internacional de responsabilidades debería ponerse en práctica de forma concreta.
El Grupo PPE está firmemente convencido de que la migración debe integrarse e incorporarse en todas las políticas pertinentes de la UE, en particular en las políticas de ayuda, comercio y asuntos exteriores de la UE. La UE debe proporcionar ayuda a terceros países para reducir la pérdida significativa de trabajadores altamente cualificados. Al impulsar la inversión y el apoyo a terceros países, la UE puede prevenir mejor la migración económica irregular, al tiempo que crea oportunidades de empleo y refuerza las economías y el nivel de vida de los terceros países.
Uno de los objetivos globales de la política de ayuda de la UE debe ser también abordar las causas profundas de la migración, incluidos los retos demográficos, climáticos y económicos y los conflictos. Por lo tanto, la atención debe centrarse en ayudar al desarrollo de instituciones estables en el área inmediata de Europa para promover el desarrollo sostenible de la sociedad. El Grupo PPE pide la plena aplicación del Instrumento Europa Global NDICI y evaluaciones periódicas para garantizar su correcta aplicación.
Abordar el problema de la migración en su esencia requiere una asociación, especialmente con África. Esto no sólo requerirá un aumento de la financiación para el desarrollo, sino también pasos hacia la creación de un nuevo marco que permita un aumento sustancial de la inversión privada por parte de ambos socios. A este respecto, el documento de posición del PPE sobre la asociación con África ofrece un enfoque global, que incluye abordar las causas profundas de la migración.
Es esencial trabajar con los países socios en la resiliencia y la estabilidad, y en la creación de empleo y oportunidades tanto para los migrantes y refugiados como para las comunidades de acogida. Para el Grupo del PPE, las medidas encaminadas a contribuir al desarrollo económico de las comunidades y regiones locales y, de este modo, reducir la presión migratoria mejorando las capacidades y la empleabilidad de los nacionales de terceros países siguen ocupando un lugar central entre nuestros objetivos fundamentales.
Los esfuerzos de ampliación de la UE en los Balcanes Occidentales y la política activa de vecindad de la UE contribuyen a ampliar la zona de prosperidad y a reforzar el Estado de Derecho, por lo que son instrumentos eficaces para gestionar mejor los flujos migratorios. La intensificación de la cooperación estratégica y operativa entre la UE y los países de sus fronteras oriental y meridional debe ser parte integrante de estos esfuerzos.
La política de visados sin principios de Serbia, que premia a determinados países que no reconocen la independencia de la República de Kosovo, ha contribuido al espectacular aumento de la migración ilegal en la ruta de los Balcanes Occidentales procedente de países como Burundi, India y Cuba. La UE no puede ignorar el papel que desempeñan los Estados en la creación de la presión migratoria.
Aunque la UE puede incentivar y apoyar la acción de los Estados miembros basándose en el artículo 79 (4) del TFUE, la integración sigue siendo una cuestión de competencia nacional. Sin embargo, las políticas y estrategias de integración son necesarias para el éxito de la política de asilo y migración de la UE y una inversión importante para el futuro.
Los flujos migratorios de los últimos años han reforzado la necesidad de políticas eficaces de integración de los nacionales de terceros países. Es una condición previa para una sociedad inclusiva, cohesionada y próspera. Entendemos que la integración es un proceso bidireccional y que el respeto de los valores europeos y de los derechos y libertades en el centro de la Unión debe ser parte integrante del proceso de integración.
Pedimos un nuevo enfoque de la integración por parte de los Estados miembros, centrado en la inclusión social y laboral, que ofrezca cursos de idiomas y de integración centrados específicamente en los jóvenes y las mujeres inmigrantes y otras personas vulnerables, y que aborde los retos de las comunidades marginadas, incluidos los guetos urbanos. La integración en su fase más temprana, a través de medidas integradas y específicas, es un factor esencial que contribuye a la cohesión de la sociedad en general en Europa, así como un factor importante para minimizar los riesgos en relación con la posible exposición a redes delictivas y a la radicalización.
El Estado de Derecho y los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, la igualdad de género y el respeto y el diálogo entre comunidades religiosas, son elementos esenciales de nuestro sistema de valores y deben ser respetados por todos. No podemos permitir sociedades paralelas en las que se socaven sistemáticamente los valores fundamentales de la Unión, y debemos intensificar la lucha contra cualquier ideología extremista.
La participación de todos los actores implicados en la sociedad es crucial y, respetando las competencias de los Estados miembros en lo que respecta a las medidas de integración; dichas medidas para todos los nacionales de terceros países que residan legalmente deben promover la inclusión en lugar del aislamiento, trabajando mano a mano con las autoridades locales y regionales que tienen un papel clave en los procesos de integración.
La UE ha experimentado la instrumentalización de migrantes en sus fronteras exteriores en cuatro ocasiones importantes: la frontera greco-turca en Evros en febrero de 2020; la frontera hispano-marroquí en Ceuta en mayo de 2020; y por parte de las autoridades de Bielorrusia contra Lituania, Letonia y Polonia en el verano de 2021, así como el flujo constante de migrantes irregulares en Chipre desde Türkiye a través de la Línea Verde. A pesar de los intentos de desestabilizar la UE y/o con fines políticos, la instrumentalización de los migrantes contra la UE no ha tenido éxito. Esto ha sido posible gracias a la respuesta rápida y coordinada de los Estados miembros y las agencias fronterizas de la UE, y pone de relieve la importancia de que la UE disponga en todo momento de un sistema de gestión de fronteras eficaz e integrado. Además, estos ataques híbridos no tuvieron éxito gracias a la cooperación con los países de origen y tránsito para detener la instrumentalización de seres humanos contra la UE.
Un control eficaz de las fronteras exteriores de la UE impide que los países vecinos instrumentalicen a los migrantes contra la Unión, al tiempo que garantiza el respeto de sus derechos fundamentales. En este sentido, el Grupo PPE pide a la Comisión que ponga a disposición fondos del presupuesto de la UE para la creación de infraestructuras físicas, tal y como han solicitado doce Estados miembros, con el fin de reforzar los sistemas nacionales de protección de fronteras.
En el futuro, la UE debe responder rápidamente a la instrumentalización mediante un enfoque global que tenga en cuenta medidas operativas, jurídicas, financieras y diplomáticas. Esto incluye una estrecha cooperación con los países de origen y tránsito para impedir las salidas y las políticas de visados destinadas a desestabilizar la UE, como se ha visto recientemente en las fronteras de la UE con Serbia. En este sentido, la UE también debe encontrar una solución sostenible y duradera a la situación de Chipre, donde Türkiye abusa de la línea verde para facilitar la entrada de nacionales de terceros países en la UE.
El Grupo PPE apoya firmemente la propuesta de la Comisión de incluir disposiciones sobre la instrumentalización de los migrantes en el Código de fronteras Schengen, que permitan actuar de forma más eficaz y coordinada en caso de que se produzca esta instrumentalización. Reforzar nuestra seguridad adhiriéndonos a nuestros valores europeos y no dejándonos chantajear enviará también la señal adecuada a quienes utilizan o tienen la tentación de utilizar a los migrantes como armas contra la UE y sus Estados miembros.
Desde el 24 de febrero de 2022, se han registrado casi 12 millones de cruces de fronteras desde Ucrania, de los cuales una gran mayoría entró en la Unión a través de Polonia. Miles de ciudadanos, familias y organizaciones no gubernamentales han abierto sus corazones y sus hogares a los refugiados ucranianos. El Grupo PPE acoge con gran satisfacción la muestra de solidaridad sin precedentes y unida que se ha visto en la respuesta con Ucrania, incluida la activación de la Directiva de Protección Temporal (DPT) por primera vez en sus 20 años de historia.
La DPT ha demostrado ser una herramienta eficaz para proporcionar protección rápida a los refugiados ucranianos y para que los Estados miembros gestionen eficazmente las llegadas a gran escala. Hasta ahora, más de 4,4 millones de ciudadanos ucranianos han recibido protección temporal en la UE, beneficiándose de una amplia gama de derechos, entre ellos el acceso al mercado laboral y a los sistemas educativos. El Grupo PPE acoge con satisfacción el compromiso del Consejo de prorrogar un año más la aplicación de la DPT, proporcionando a los refugiados ucranianos seguridad en cuanto a su estatuto jurídico en la UE.
El Grupo PPE reitera que la activación de la DPT es una medida extraordinaria para hacer frente a un movimiento migratorio a gran escala de ucranianos que huyen de las consecuencias directas de la guerra ilegal de Rusia. Ninguna situación ha sido hasta ahora igual a la de los refugiados ucranianos. Desde 2017, los ciudadanos ucranianos pueden visitar la Unión durante 90 días sin necesidad de obtener previamente un visado Schengen. La activación de la DPT en esta situación específica proporcionó a los refugiados ucranianos una estancia legal en la Unión más allá de los 90 días, sin sobrecargar los sistemas de asilo de los Estados miembros.
La Comisión presentó su propuesta de Reglamento sobre crisis y fuerza mayor en septiembre de 2020, que derogaría la TPD. El Grupo PPE apoya la adopción de este Reglamento, ya que es necesaria una mejor aplicación de la solidaridad con los Estados miembros que, debido a su naturaleza geográfica, se enfrentan a una carga desproporcionada. Sin embargo, los objetivos del reglamento difieren de los de la DPT, por lo que el Grupo PPE no apoya la derogación de la DPT.
Además, la acogida de ucranianos ha puesto aún más de relieve la importancia de una sociedad civil dinámica para la integración y el apoyo comunitario de los nacionales de terceros países. La financiación de la UE para garantizar una vivienda, educación y asistencia sanitaria adecuadas es vital para ayudar a los Estados miembros y, en particular, a las autoridades locales a cubrir los costes y prestar una mejor asistencia a quienes huyen de la guerra ilegal de Putin en Ucrania. Es esencial que el apoyo de la UE a los Estados miembros y a las autoridades locales continúe debido a la prórroga de la DPT. El Grupo PPE anima además a los Estados miembros a garantizar que los refugiados ucranianos tengan pleno acceso al mercado laboral y a clases de idiomas para mejorar aún más su integración. Desde una perspectiva de economía circular, esto también podría contribuir a la reconstrucción de Ucrania una vez finalizada la guerra.
Sin embargo, la acogida de refugiados ucranianos ha puesto de manifiesto las limitadas capacidades de los sistemas de acogida de los Estados miembros. Además, subraya la urgente necesidad de distinguir rápidamente entre refugiados o beneficiarios de protección internacional y migrantes económicos. En 2021, los Estados miembros de la UE adoptaron 524.400 decisiones de asilo, de las que solo se concedió el 39%. Así pues, una gran mayoría de los solicitantes de asilo no tienen derecho a protección internacional. Al mismo tiempo, la tasa de retorno es demasiado baja.
El cambio climático ya es un factor subyacente para la migración o el desplazamiento, y se espera que más personas migren debido a los impactos del cambio climático en los medios de subsistencia, los conflictos armados y la seguridad alimentaria e hídrica. Es un multiplicador de amenazas para las tensiones existentes y los retos precarios en el mundo en desarrollo. Según un informe del Banco Mundial, 216 millones de personas podrían verse obligadas a emigrar dentro de sus propios países en 2050 debido al cambio climático. Estos "puntos calientes" de la migración climática surgirán ya en 2030 y empeorarán en 2050.
Es necesario que la UE considere las repercusiones definitivas que el cambio climático tendrá en los flujos migratorios hacia nuestra Unión en el futuro. La sequía, el aumento de las temperaturas y otros efectos meteorológicos extremos no sólo provocarán grandes desplazamientos de personas, sino que también causarán hambrunas.
Sin embargo, el cambio climático no es una causa compatible con la protección dentro del acervo de asilo de la UE o del régimen internacional de refugiados. Es vital que la cooperación al desarrollo y las políticas humanitarias de la UE apoyen la adaptación al cambio climático, aumenten la resiliencia y refuercen la reducción del riesgo de catástrofes en terceros países como forma de mitigar las consecuencias del cambio climático en la movilidad humana.
A este respecto, la elevada tasa de pobreza en varios terceros países socava la resiliencia de las poblaciones locales, razón por la cual es imperativo centrarse más en el crecimiento económico y la creación de empleo para hacer frente a los retos socioeconómicos. El asilo en Europa no puede convertirse en una solución permanente a las injusticias globales.
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