Acuerdo sobre la nueva Ley Anticorrupción: Cerrar lagunas y acabar con la impunidad

Los Estados miembros de la UE y el Parlamento Europeo han acordado esta noche nuevas normas para combatir la corrupción, marcando un hito importante en la lucha de Europa contra la corrupción. El acuerdo pone fin a meses de intensos debates y establece un marco armonizado y aplicable en toda la UE para prevenir, detectar y castigar la corrupción.

"Acojo con satisfacción el acuerdo provisional sobre el mayor paquete anticorrupción hasta la fecha a escala de la UE. Esta directiva fortalece el conjunto de herramientas de la UE y refuerza el compromiso de los Estados miembros de luchar contra la corrupción a nivel nacional y transfronterizo", dijo el eurodiputado del PPE David Casa, principal negociador del PPE de la nueva ley.

La Directiva Anticorrupción introduce definiciones de los delitos de corrupción en toda la UE y establece las penas máximas y los plazos mínimos de prescripción para garantizar una aplicación coherente en todos los Estados miembros. Exige que los países adopten fuertes medidas preventivas, como estrategias nacionales anticorrupción, evaluaciones de riesgo sectoriales, normas más estrictas para los funcionarios de alto nivel, mejor acceso a la información de interés público y medidas no penales adicionales para las personas y empresas condenadas.

La conclusión de los trílogos llega en un momento crítico, tras los recientes escándalos y la creciente demanda pública de transparencia y rendición de cuentas.

"Retroceder en las medidas anticorrupción es inaceptable. Esta directiva establece normas esenciales para garantizar que nadie esté por encima de la ley, obligando a los países a crear organismos independientes y dotados de los recursos adecuados y garantizando un seguimiento y una recopilación de datos a escala de la UE que alimenten los informes anuales sobre el Estado de Derecho", subrayó Casa.

"Ahora dispondremos de una mejor base para la cooperación entre las autoridades judiciales y policiales, y de una mayor capacidad para evaluar cómo imparten justicia los Estados miembros", añadió Casa.