Es fundamental restablecer de inmediato la protección de los menores en Internet, pero el Grupo del PPE seguirá luchando para conseguir más

Gracias al rápido acuerdo alcanzado hoy en el Consejo, el Grupo del PPE ha cumplido con éxito su promesa de poner fin al peligroso vacío legal que ha dejado a los niños desprotegidos en Internet durante más de tres meses. Si bien el respaldo del Consejo a la posición del Parlamento Europeo elimina el último obstáculo para la entrada en vigor inmediata del Reglamento provisional, el Grupo del PPE subraya que esta solución temporal aún dista mucho de ser la solución integral que se necesita.

«El Grupo PPE ha sido claro desde el principio: este peligroso vacío legal debería haberse evitado. Mientras otros se dedicaban a juegos políticos y retrasaban el proceso con enmiendas, nuestra prioridad siguió siendo absoluta: volver a poner en funcionamiento estas herramientas de detección vitales. Gracias a este rápido acuerdo del Consejo, hemos aportado la solución de seguridad responsable que exigían los ciudadanos europeos», declaró Javier Zarzalejos, eurodiputado y portavoz del Grupo PPE sobre este tema.

«El Grupo PPE sigue siendo la fuerza motriz de la seguridad en Europa, y nuestra determinación no ha flaqueado», añadió Zarzalejos. «Esta solución provisional es una medida de emergencia vital para restablecer la seguridad básica en Internet, pero no es más que una solución temporal. Ahora centramos toda nuestra atención en la normativa permanente. No nos conformaremos con nada menos que un marco sólido, exhaustivo y a largo plazo que no deje ningún punto ciego que los depredadores puedan aprovechar».

Desde que expiraron las normas anteriores, las plataformas tecnológicas de la UE tienen prohibido por ley señalar voluntariamente el material de abuso sexual infantil (CSAM). Esto ha creado un punto ciego sin precedentes en Internet, con hasta 55 000 denuncias de abuso infantil que pasan desapercibidas cada día. Históricamente, hasta el 99 % de las denuncias de material de abuso infantil han procedido de búsquedas voluntarias realizadas por las plataformas, y 4 de cada 5 investigaciones penales se han iniciado a raíz de dichas denuncias.