Documento de posición del Grupo PPE sobre política social

Nuestra forma de trabajar nunca volverá a ser la misma. La revolución tecnológica a la que asistimos conduce a un progreso técnico inaudito y a nuevas oportunidades de negocio. El comercio mundial, una moneda común fuerte, las normas industriales y medioambientales europeas y un mercado único sólido crean un círculo virtuoso de empresas prósperas, más ingresos fiscales y más y mejores puestos de trabajo. El progreso conduce a la prosperidad. Al mismo tiempo, esta revolución tecnológica cambia radicalmente los modelos económicos, los sistemas sociales y el mercado laboral.

Los Demócrata-Cristianos somos partidarios de aprovechar todo el potencial de la revolución tecnológica, asegurándonos al mismo tiempo de que todos los miembros de nuestra sociedad tengan la oportunidad de participar en esta prosperidad. Nadie debe quedarse atrás y tenemos que defender políticas que tengan en cuenta el reto demográfico y promuevan la igualdad de oportunidades para todos, en particular para los más afectados por la crisis, como los grupos vulnerables, las familias, la generación joven y las personas mayores. Creemos que nuestros valores son más válidos que nunca y el punto de partida más sólido para diseñar el futuro. Combinan lo mejor del pensamiento conservador, liberal y socialcristiano. El concepto de economía social de mercado, con su equilibrio entre la libertad y el desarrollo sin trabas del individuo, por un lado, y la solidaridad con todos en la sociedad, por otro, son respuestas clave a los retos de nuestro tiempo.

Esto ha de lograrse en el marco de la oferta de un trabajo decente basado en la dignidad y el mérito y que conduzca a una sociedad que sea algo más que la mera suma del esfuerzo individual. Ello implica que Europa, con sus Estados miembros, debe actuar para garantizar el respeto del trabajo y una remuneración justa. Los salarios tienen que permitir a las personas tener una vida digna. Implica también libertad de empresa e igualdad de condiciones en el comercio, en el Mercado Único y en sus relaciones comerciales internacionales. Pero la economía está al servicio de todos los hombres y mujeres, y no al revés. Un mercado único fuerte, la estabilidad social y la equidad van de la mano. Para que el mercado único despliegue todo su potencial y permita una competencia leal, necesita unas normas mínimas adecuadas, también en materia de seguridad en el trabajo, protección de los grupos vulnerables, lucha contra la discriminación y normas equitativas de desplazamiento, así como un apoyo especial a las regiones desfavorecidas a través de los Fondos Estructurales.

Esta política social formaba parte de los Tratados de Roma por los que se creó la CEE, que hacen hincapié en el objetivo primordial del progreso social y un desarrollo económico equilibrado. Es nuestro deber continuar este legado y llevarlo al siglo XXI. Cuando los seis Estados miembros fundadores de la UE se unieron en 1957/58, también se enfrentaban a un cambio económico, social y tecnológico sin precedentes. Lo sabían: el progreso debe ser tanto económico como social, en el que todos puedan desempeñar un papel en función de sus capacidades, para crear una nueva comunidad y una nueva sociedad basadas en una Economía Social de Mercado libre, abierta y justa que permita el crecimiento de las economías y la reducción de la pobreza y la desigualdad.

Preservar las oportunidades en tiempos de COVID-19

Este compromiso con una Economía Social de Mercado es ahora más necesario que nunca. El profundo impacto económico y social de COVID-19 es sólo el último ejemplo de por qué necesitamos abordar las cuestiones sociales a nivel europeo: no para regular cada detalle, sino para apoyar a los Estados miembros y garantizar que la igualdad de oportunidades siga estando en el centro del proyecto europeo, respetando al mismo tiempo el principio de subsidiariedad.

COVID-19 tiene un impacto desproporcionado en diferentes Estados miembros, diferentes regiones y diferentes grupos de nuestra sociedad, con el impacto más severo en los grupos más vulnerables. La pandemia arrojó luz sobre muchos desequilibrios existentes y aceleró tendencias sociales peligrosas. Muchos medios de subsistencia se ven amenazados por la recesión económica. Teniendo esto en cuenta, acordamos añadir a las medidas nacionales medidas de ámbito europeo como el programa SURE, para proporcionar una medida única de solidaridad económica y social en Europa. Su sistema basado en préstamos excluye el riesgo moral al tiempo que proporciona los medios necesarios a todos los Estados miembros europeos para proporcionar una red de seguridad durante esta pandemia, apoyar los planes nacionales de trabajo a jornada reducida y evitar los despidos masivos. El instrumento, financiado mediante préstamos comunes emitidos por la Comisión Europea y salvaguardados por las garantías de los Estados miembros, es un claro signo de solidaridad europea en tiempos de crisis.

Vemos en SURE el plan europeo de reaseguro de las prestaciones de desempleo anunciado por la Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ahora que las secuelas económicas de la crisis duran más de lo previsto. Así pues, el instrumento debería prorrogarse mientras dure la actual situación excepcional, seguir basándose en préstamos y activarse únicamente en caso de graves perturbaciones financieras/económicas externas.

Desarrollar las competencias adecuadas para el futuro

Como parte de nuestra respuesta a COVID-19, queremos reforzar la competitividad de nuestras economías asegurándonos de que todos los miembros de nuestras sociedades tengan las capacidades adecuadas para encontrar un empleo y hacer fructificar sus talentos, en particular la generación joven que ahora sufre la crisis de COVID-19. Tenemos que invertir en capital humano y conocimiento para estar a la altura de las exigencias de un mercado laboral moderno. La generación joven sufre especialmente altos niveles de desempleo, mientras que muchos empresarios son incapaces de cubrir vacantes porque no encuentran personas con las cualificaciones adecuadas.

Es necesario reforzar los programas educativos de la UE y, al mismo tiempo, adaptar la formación y la educación a las necesidades de la economía y la sociedad del futuro, apoyar a los empleados y profesores para que adquieran las competencias adecuadas, así como invertir en infraestructuras digitales. Una parte significativa de los fondos aportados por el Plan de Recuperación en el marco del instrumento de la UE "Próxima Generación" debería destinarse a la mejora de las cualificaciones y al aprendizaje permanente.

También queremos que la UE desarrolle nuevas plataformas digitales para la educación transfronteriza y las oportunidades de empleo.

Estas medidas no deben limitarse al esfuerzo inmediato de recuperación. Las predicciones muestran que en el futuro habrá más personas en la UE trabajando en empleos altamente cualificados, mientras que se espera que disminuya la necesidad de empleos poco cualificados. Por lo tanto, los sistemas inclusivos de educación y formación deben reformarse y actualizarse, para adaptar las cualificaciones de los trabajadores a los requisitos del mercado laboral, incluidos el Green Deal y la digitalización. En general, esta política debe estar en consonancia con el Pilar Europeo de Derechos Sociales, el Green Deal y la digitalización.

La educación es una inversión en nuestro futuro común y uno de los principales instrumentos para el desarrollo y la autorrealización de cada individuo. Tiene un impacto positivo en la cohesión social, que es una condición previa para el crecimiento económico, la creación de puestos de trabajo y el empleo.

Mercado único digital: Oportunidad en lugar de exceso de regulación

Creemos que la creciente digitalización del mercado laboral y sus nuevas tecnologías deben verse como una oportunidad y no como una amenaza. Queremos que los modelos de negocio digitales, junto con las respectivas nuevas oportunidades de empleo, prosperen en Europa. Queremos que nuestro continente se convierta en el epicentro empresarial del mundo.

Queremos que los mercados en línea, los proveedores de aplicaciones y la economía colaborativa estén sujetos a la fiscalidad y a las normas del mercado laboral, al igual que las empresas tradicionales, garantizando al mismo tiempo la protección y la confianza de los consumidores.

La digitalización del mercado laboral, incluido el trabajo en plataformas, debe respetar la labor de los interlocutores sociales y no debe dar lugar a un nuevo tipo de estatuto laboral. Queremos combatir el falso autoempleo con criterios claros para distinguir el estatus laboral de los trabajadores y los contratistas independientes. Las empresas de nueva creación y las PYME son libres de utilizar modelos de trabajo innovadores, sin obstaculizar la competencia leal, violar las normas del mercado laboral o eludir los pagos a la seguridad social.

Los empleados y los trabajadores también deben beneficiarse de los procesos de digitalización, como un marco justo para el trabajo desde casa o sistemas de asistencia mejorados por inteligencia artificial, sin perder de vista su derecho a la desconexión. Queremos asegurarnos de que la diversidad laboral y la flexibilidad en cuanto a tiempo y lugar de trabajo sean una cuestión de elección voluntaria y no una violación de los derechos de los trabajadores.

Proporcionar un marco en lugar de regular los salarios mínimos

Celebramos que la Comisión Europea se haya abstenido de elaborar una fórmula vinculante para fijar los salarios mínimos, al tiempo que propone una vía común europea para garantizar una remuneración adecuada para todos y eliminar las prácticas injustas y la degradación de las normas de protección social de nuestros trabajadores. La defensa de los derechos integrales de los Estados miembros y del principio de subsidiariedad, que rigen nuestro enfoque de la política social, constituye el núcleo de la propuesta.

La prosperidad de Europa no se basa en decisiones centralizadas, sino que respeta las leyes, costumbres y tradiciones de sus Estados miembros y regiones, en particular en un ámbito tan sensible como la política social. No obstante, el espíritu europeo y el enfoque económico y social centrado en el ser humano también conllevan un sentido de unidad e inclusión y tienen que ofrecer soluciones para evitar (en el trabajo) la pobreza, las prácticas desleales y la competencia a la baja. La propuesta de salario mínimo europeo debe estar en consonancia con el Principio 6 del Pilar Europeo de Derechos Sociales, permitiendo a todos una vida digna dondequiera que trabajen.

En el centro de esta propuesta debe estar el respeto de las tradiciones nacionales y la libertad y el refuerzo del papel de los interlocutores sociales. Por lo tanto, nuestro planteamiento no consiste en cambiar lo que funciona bien a nivel nacional, sino en reforzar los sistemas nacionales existentes haciendo especial hincapié en el diálogo social, la negociación colectiva y su efecto vinculante. Subsidiariedad y solidaridad van de la mano y son dos caras de la misma medalla. Sin embargo, hay que desarrollar redes de seguridad con normas mínimas para garantizar que todos los trabajadores de la Unión reciban una remuneración justa y que puedan erradicarse los sectores de bajos salarios, las condiciones de trabajo atípicas y precarias y el desmantelamiento de los sistemas de seguridad social.

Cuando los Estados miembros opten libremente por establecer un salario mínimo a un nivel decidido por el Estado miembro o sus interlocutores sociales, queremos asegurarnos de que corresponde a unas normas mínimas claramente definidas en el respeto de los trabajadores, su dignidad y los principios más básicos de la Unión Europea. En aras de la subsidiariedad, rechazamos las recomendaciones y criterios jurídicamente vinculantes que fijan el nivel del salario mínimo.

Garantizar la equidad luchando contra los abusos

La apertura del mercado único y las oportunidades para todos sólo pueden garantizarse si la UE adopta una postura rigurosa contra todo abuso. Queremos que la Autoridad Laboral Europea sea plenamente operativa con carácter prioritario, para apoyar y reforzar la capacidad de las inspecciones y autoridades laborales nacionales, así como de los interlocutores sociales, a fin de garantizar una movilidad justa, una aplicación transfronteriza efectiva de los derechos de los trabajadores y atajar eficazmente el fraude social, los abusos y el dumping, en estrecha cooperación con las autoridades nacionales y regionales.

Para luchar contra las prácticas abusivas y garantizar la igualdad de trato de los trabajadores a lo largo de toda la cadena de contratistas, debemos hacer frente a la subcontratación abusiva que recurre a acuerdos artificiales como las empresas buzón, las falsas agencias de trabajo temporal y los falsos autónomos.

Para dotar tanto a las autoridades nacionales como a ELA de la herramienta adecuada para detectar los abusos, debemos intentar que el Intercambio Electrónico de Información de la Seguridad Social (EESSI) funcione plenamente lo antes posible. Facilitará los intercambios transfronterizos entre instituciones de seguridad social y acelerará la tramitación de casos individuales, sin crear una carga adicional para las empresas o los trabajadores. Además, debemos avanzar en la creación de un número digital europeo de seguridad social (ESSN), necesario para garantizar la seguridad jurídica, una movilidad justa y la protección y aplicación de los derechos de los trabajadores.

Esto debería contribuir a reforzar la protección transfronteriza de los derechos de seguridad social, luchar contra los abusos y mejorar la capacidad de ejecución de la Autoridad Laboral Europea.

Políticas favorables a la familia

Defendemos políticas favorables a la familia que ayuden a los niños a empezar mejor en la vida y a los padres a encontrar el equilibrio adecuado entre sus carreras profesionales y sus obligaciones familiares. La trayectoria vital de un niño depende en gran medida del tiempo y los cuidados que recibe de sus padres en sus primeros años de vida. Nos preocupa el número de niños que abandonan prematuramente la escuela, en riesgo de convertirse más tarde en desempleados y pobres, una situación que en muchos casos se repite entre generaciones.

La UE y los Estados miembros deben animar a los empresarios a adoptar medidas favorables a la familia, como la posibilidad de que los padres utilicen el teletrabajo y reduzcan temporalmente su jornada laboral sin recortes salariales significativos y la movilidad laboral para garantizar el cuidado y la educación de sus hijos. Es importante retener las lecciones aprendidas de la crisis pandémica para la regulación del teletrabajo, sin perjudicar ni a empresarios ni a trabajadores.

Es nuestro deber crear y mejorar políticas europeas que garanticen el respeto de los derechos de los niños y los jóvenes, y que garanticen su bienestar.