Macron y Scholz, defensores de los derechos de la mujer, ¿en serio?

¿Debe reconocerse la violación como forma de violencia contra la mujer a escala europea? Si la pregunta le parece extraña, espere a leer la respuesta de algunos Estados miembros. Desde hace varios meses se libra en Bruselas una extraña batalla, tan oculta como trascendental. Oculta porque enfrenta a la Comisión Europea, el Parlamento y los representantes de los países de la UE, pero entre bastidores. Crucial, porque afecta a millones de mujeres europeas.

Algunos Estados miembros, con Francia y Alemania a la cabeza, están dedicando considerables energías a desbaratar las ambiciones de la primera ley europea para combatir la violencia contra las mujeres.

Este texto, sugerido por la Comisión en 2022 y modificado desde entonces por el Parlamento, propone una novedad que debería obtener consenso: una definición a escala europea de la violencia que afecta especialmente a las mujeres, a saber, la violación, la mutilación genital femenina, el ciberacoso, el intercambio no consentido de imágenes íntimas y el matrimonio forzado. Además de la definición, los legisladores han definido un catálogo de penas para armonizar la respuesta penal a escala europea, con el fin de no crear lagunas jurídicas en asuntos de tanta importancia.

Decidido, el Parlamento Europeo, liderado por el Grupo PPE, ya ha adoptado su posición y negocia actualmente la versión final de la Directiva con los Estados miembros. Y ahí es donde las cosas se complican... Por improbable que parezca, Emmanuel Macron y Olaf Scholz están pisando el freno. En concreto, están en punto muerto sobre la idea de incluir la violación consentida en la definición de violencia y las penas asociadas. Para ellos, la respuesta es NO: ni definición común, ni penas comunes, ni protección común. Nada de nada.

Fake news, pensarán ustedes. ¿Cómo puede Macron, tan orgulloso del legado de Simone Veil, oponerse a algo así? ¿Cómo puede Scholz, portador del ideal socialista y pretendido paladín de la igualdad de género, hacer lo mismo? La respuesta no es obvia y demuestra una visión confusa de la ley.

Para justificar sus acciones, estos Estados argumentan que no existe base jurídica. La violación no sería "explotación sexual de mujeres y niños" en el sentido del artículo 83 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que sirve de base jurídica a esta Directiva. Una interpretación sorprendente, dado que éste es precisamente el principio en el que se basa la legislación de la UE para luchar contra los "abusos sexuales a menores". Una legislación que Francia y Alemania han adoptado sin pestañear.

Por parte de la Comisión y del Parlamento Europeo, seguimos creyendo que este texto sería fundamental para proteger a las víctimas. Cada año se registran más de 100.000 violaciones en la Unión Europea, según el INSEE, y no podremos proteger a las víctimas ni siquiera empezar a mejorar la situación con una ley escasa.

Al abrirse esta semana una nueva ronda de negociaciones, posiblemente la última, entre las partes interesadas, esperamos que Macron y Scholz cambien de opinión y acepten incluir la violación en esta ley sin precedentes. Sería lo mínimo que podrían hacer para corresponder a sus grandes discursos sobre la importancia de los derechos de las mujeres con acciones concretas.