El Parlamento Europeo vota redoblar los controles sobre los productos peligrosos de venta online

Bruselas, 26 de junio de 2025. La Comisión de Mercado Interno y Protección al Consumidor del Parlamento Europeo ha votado hoy un informe de iniciativa propia (INI) para hacer frente al creciente número de productos no conformes con las reglas europea de seguridad de productos de consumo, importados desde fuera de la UE a través de plataformas de comercio electrónico.

 El texto, del que es ponente el eurodiputado Salvatore De Meo (PPE), llega cinco meses después de que la Comisión Europea presentara su propuesta de “Instrumento completo de comercio electrónico seguro y sostenible” y en medio de la alarma generada por las cifras de alertas sobre productos peligrosos.

La Comisión ha contabilizado el año pasado más de 4.000 alertas sobre productos considerados peligrosos, la cifra más alta desde que se creó el registro en 2003. Los cosméticos representaron el 36 %, sobre todo por contener sustancias químicas peligrosas, como una sustancia sintética llamada BMHCA, que ha sido prohibida en la UE por dañar el sistema reproductivo. Alrededor del 40 % de los productos peligrosos señalados el año pasado habían sido importados de China. 

El informe aprobado hoy, que no tiene carácter legislativo vinculante, marca sin embargo la posición política del Parlamento Europeo de cara a las futuras negociaciones con el Consejo y la Comisión. Entre las medidas destacadas se incluye la eliminación de la exención fiscal para paquetes de menos de 150 euros, el uso obligatorio del Pasaporte Digital del Producto, el refuerzo de controles aduaneros con inteligencia artificial, y la atribución de responsabilidad a los gigantes del e-commerce como Temu, Shein o AliExpress cuando venden productos peligrosos o ilegales en el mercado único.

“La normativa comunitaria no puede seguir permitiendo que los consumidores europeos compren productos inseguros por falta de trazabilidad o vacíos legales”, sostuvo el eurodiputado del PP, Pablo Arias. El texto también reclama sanciones más duras, el refuerzo del papel de las autoridades aduaneras y de vigilancia de mercado, y una cooperación más intensa con socios internacionales. 

 Arias ha destacado en este sentido la necesidad de una prohibición de la publicidad online masiva y coordinada en diferentes redes para vender productos ilegales o que no cumplen con la normativa de la Unión Europea desde estas plataformas no europeas. “Hablamos de plataformas que ofrecen productos en los que el usuario o el consumidor no sabe si son legales, si cumplen con la legislación europea o si son potencialmente peligrosos para su seguridad”, denunció Arias.

El eurodiputado subrayó que los consumidores tampoco son conscientes de que esas plataformas pueden estar incurriendo en competencia desleal. “Lo que sí saben es que el precio es muy competitivo. Y eso les ayuda a tomar una decisión sin información, con la que adquieren varios problemas: la pérdida de control de sus datos personales, una falsa sensación de confianza en esos productos creyendo que cumplen con la normativa europea, cuando no es así”, explicó.

 Este informe de iniciativa aprobado complementa y refuerza la propuesta de la CE: la Comisión presentó las ideas en febrero, y el Parlamento —a través de este INI— las aborda con más detalle, incluyen enmiendas y reflejan la posición política del Parlamento de cara al diálogo legislativo con el Consejo y la propia Comisión.

“El problema es de gran magnitud. Hablamos de más de 4.600 millones de paquetes recibidos en la UE de bajo valor el año pasado, de los cuales alrededor del 90 % se envían directamente desde China y rara vez se inspeccionan porque están libres de impuestos. Esto equivale a unos 145 envíos por segundo”, recalcó el eurodiputado del PP, Pablo Arias. 

Pero el problema de estos productos importados por vía del comercio minorista no es solo que cumplen con las normas de seguridad, sino que tampoco siguen las reglas de medioambiente o los derechos laborales de sus trabajadores. Todo ello perjudica a las pymes europeas pero, aunque estas protestan, las autoridades aduaneras carecen de recursos, herramientas digitales y cooperación para controlarlos eficazmente.

Por ello, entre las ideas propuestas por el Parlamento se propone la creación de una base de datos de responsables económicos en la UE y el fortalecimiento de la trazabilidad, garantizar la aplicación de la Ley de Servicios Digitales y el Reglamento de Seguridad General de Productos, pero también redoblar los controles fiscales sobre las plataformas extranjeras.

Este paquete de medidas se acompaña también de la propuesta realizada en marzo por la Comisión con el objetivo de que las plataformas paguen 2 euros por cada paquete de bajo coste para cubrir los costes derivados del control que tienen que asumir las aduanas comunitarias y mantienen sobrecargados los sistemas postales.