Javier Zarzalejos impulsa una ambiciosa reforma de la euroorden para evitar que los responsables de delitos graves queden impunes dentro de la UE

El eurodiputado del PP Javier Zarzalejos ha presentado hoy en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, su propuesta de reforma de la orden europea de detención y entrega (euroorden), con la que se pretende mejorar este instrumento clave de cooperación judicial entre los países de la Unión Europea (UE) para evitar que los responsables de delitos graves puedan evitar la acción de la justicia trasladándose a otro estado miembro de la Unión.

Javier Zarzalejos, como ponente encargado por el Parlamento Europeo para elaborar y liderar la propuesta de esta institución sobre la reforma de la euroorden y presentar una propuesta al respecto a la Comisión Europea, ha explicado hoy que la euroorden, que sustituyó el procedimiento de extradición entre los estados miembros, “es una historia de éxito y por tanto no está en cuestión, pero sí existe margen para su mejora”.

Las principales propuestas del informe de Zarzalejos son las siguientes:

-Ampliar la lista de delitos –actualmente es de 32- en los que la entrega de un acusado de un estado a otro se produce de manera automática. Zarzalejos propone que en la lista actual se incluyan delitos como el ataque a la integridad constitucional de los estados miembros; los delitos contra el orden público; la usurpación de identidad; los crímenes de genocidio, de guerra y contra la humanidad; los abusos sexuales; y determinados delitos relacionados con el medio ambiente. Actualmente estos delitos están cubiertos por la euroorden, pero la entrega no se realiza automáticamente, sino que se requiere el control de la doble tipificación

-Para lograr un funcionamiento más ágil de la euroorden, propone establecer una lista exhaustiva de delitos (denominada “lista negativa”) por la que se podría denegar la entrega del acusado. En esta lista cada estado miembro establecería una relación de delitos respecto a los cuales no ejecutaría una orden de detención y entrega por considerar su incriminación contraria a los principios de su ordenamiento jurídico, como podrían ser la eutanasia o la interrupción del embarazo. Esta “lista negativa” sustituiría a la lista de los 32 delitos.

-Pide que el reconocimiento mutuo de decisiones tomadas por un estado miembro funcione de manera automática. Actualmente, el principio de “doble tipificación” supone que la entrega del acusado puede hacerse depender de que el acto cometido constituya delito en el estado miembro que ejecuta la euroorden

-Incrementar la capacidad sancionadora de la Comisión Europea para abrir procedimientos de infracción a los estados miembros que no cumplan las normas de aplicación de la euroorden

-Reducir para determinados delitos –como el tráfico de seres humanos, la explotación sexual de niños o la pornografía infantil- el umbral de la pena de 3 años a partir de la cual puede aplicarse la euroorden

Durante la presentación de su informe, en la que también ha participado el Comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, el eurodiputado Javier Zarzalejos ha asegurado que, tras 16 años de aplicación de la euroorden, “las nuevas formas de delincuencia organizada, el impacto exponencial de la criminalidad en internet, la persistencia de la amenaza terrorista, y la necesidad de proteger los procesos democráticos y el estado de derecho, hacen que sea importante avanzar hacia un sistema de cooperación más ambicioso entre los estados miembros”.

Próximos pasos

Tras la presentación hoy del informe Zarzalejos en la Comisión de Libertades Civiles, los distintos grupos políticos podrán presentar sus enmiendas hasta el 5 de octubre.

La votación y aprobación del informe en esta comisión parlamentaria se prevé durante el mes de octubre, antes de su voto en el Pleno del Parlamento Europeo en noviembre.

Background

La euroorden está operativa en los países de la UE desde el 1 de enero de 2004.

Desde 2005 se han realizado unas 56.000 órdenes de entrega entre los estados miembros de la UE. En 2017 se concretaron 6.317 órdenes de entrega, mientras que en 2018 fueron casi 7.000. En 2017 los estados miembros rechazaron 796 peticiones de entrega realizadas por otro estado miembro, pero solo 109 de ellas fueron por riesgo de vulneración de derechos.