Aprobada la nueva Directiva Anticorrupción que advierte del riesgo de que las amnistías e indultos a cargos públicos "socavan la confianza pública”

Bruselas, 3 de diciembre de 2025 –  El Partido Popular ha logrado que la Unión Europea incorpore en la nueva Directiva Anticorrupción una advertencia contra el uso de amnistías, indultos, privilegios o inmunidades que puedan proteger a cargos públicos investigados o condenados por corrupción, pues pueden socavar la confianza pública.

El eurodiputado del PP y presidente de la comisión de Libertades, Javier Zarzalejos, celebró el acuerdo alcanzado entre las instituciones europeas sobre la nueva Directiva Anticorrupción, que introduce por primera vez disposiciones explícitas contra amnistías, indultos, privilegios e inmunidades, especialmente a cargos públicos, en el marco de la lucha contra la corrupción.

El texto final adoptado incluye varios elementos defendidos por el PP que alertan sobre medidas de gracia amplias de responsabilidad penal. En este sentido, recoge que no puede haber un uso abusivo de amnistías o indultos para proteger a políticos, porque eso destruye la confianza pública. Además, cualquier privilegio o inmunidad debe poder ser levantado mediante un proceso objetivo y transparente y todos los indultos deberán ser reportados y controlados. 

 “Si bien la presente Directiva respeta plenamente todas las normas pertinentes de las constituciones nacionales, los principios constitucionales y las leyes, se hace hincapié en que proteger indebidamente a las personas —en particular a los titulares de cargos públicos— frente a la rendición de cuentas por delitos de corrupción podría socavar la confianza pública de una manera incompatible con los objetivos de la presente Directiva”, recoge el texto. 

En cuanto a las inmunidades, la Directiva pida que puedan levantarse, y alerta del efecto de medidas que bloqueen las investigaciones. El texto señala concretamente que las “inmunidades pueden obstaculizar la investigación y el enjuiciamiento efectivos de los delitos de corrupción (…) Por lo tanto, debería existir un equilibrio adecuado (…) Los Estados miembros deberían garantizar que los privilegios o inmunidades (…) puedan levantarse. No obstante, los Estados miembros no estarán obligados a modificar sus constituciones nacionales (…)”.

“Esta disposición vuelve a subrayar que los privilegios o inmunidades no deben impedir investigaciones o procesos penales por corrupción, un punto directamente relacionado con el debate español sobre los efectos de la amnistía en causas pendientes”, señaló Zarzalejos.

Además, se incluye la obligación de que los Estados garanticen procesos transparentes para levantar privilegios, pues deben “adoptar las medidas necesarias para garantizar que los privilegios o inmunidades frente a la investigación y el enjuiciamiento (…) puedan levantarse mediante un proceso objetivo, imparcial, eficaz y transparente (…) concluido en un plazo razonable.”

Por otra parte, los Estados miembros deberán informar de todos los indultos concedidos en relación con delitos de corrupción, creando un mecanismo europeo de transparencia que permitirá detectar posibles usos de medidas de gracia que afecten a casos incluidos en el catálogo de delitos de corrupción.

Un mensaje político claro desde Bruselas

Zarzalejos destacó, en este sentido ,que aunque la Directiva respeta las constituciones nacionales, “alerta explícitamente contra la utilización de amnistías, indultos o inmunidades que puedan impedir la rendición de cuentas en delitos de corrupción, tal y como estamos viendo en España”. “Con esta Directiva, la UE eleva su nivel de escrutinio sobre cualquier medida que pueda percibirse como un blindaje frente a procedimientos judiciales en materia de corrupción”, añadió.

En este sentido, explicó que no supone una prohibición absoluta de las amnistías o indultos, pero sí establece límites claros cuando su aplicación afecte a la rendición de cuentas en casos de corrupción, lo que en la práctica podría impedir el uso arbitrario de este tipo de medidas en el ámbito político.

El acuerdo alcanzado en el trílogo debe ser ahora ratificado formalmente por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE para su entrada en vigor.