PP pide a la Comisión que evite que Sánchez siga destruyendo la democracia y el Estado de Derecho

Estrasburgo, 17 de junio de 2025 – El Partido Popular ha reclamado este lunes en el Parlamento Europeo que la Comisión actúe con firmeza para frenar el deterioro institucional y democrático que vive España bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, tras las graves revelaciones de corrupción que afectan a personas del núcleo privado del presidente, miembros del gobierno y de su organización política.

Durante el debate sobre el informe anual del Estado de Derecho en la UE, la vicesecretaria general del PPE y secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, lanzó una dura advertencia en el pleno de la Eurocámara al comisario europeo de Justicia, pidiéndole que actúe con urgencia frente a la deriva institucional que vive España bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. “España está secuestrada por un autócrata”, afirmó Montserrat. “Sánchez es el último responsable de una organización criminal señalada por la Guardia Civil por amañar contratos públicos y repartirse comisiones millonarias”, agregó. 

Durante su intervención recordó que “llevamos siete años denunciando en esta Cámara cada atropello a la Justicia y al Estado de Derecho”, y aseguró que lo que ocurre en España no son abusos aislados, sino una operación de Estado diseñada por Sánchez para “someter las instituciones y aniquilar todos los contrapoderes”.

La eurodiputada popular situó el inicio de esta estrategia en 2018, cuando Sánchez “compró su investidura indultando a delincuentes, eliminando el delito de sedición, rebajando el de corrupción y amnistiando a un golpista a cambio de apoyo parlamentario”.

Además, denunció que el plan ha continuado con censura a la prensa y asalto a la televisión pública; acusaciones contra jueces que investigan la corrupción en su entorno personal, político y gubernamental, Bloqueo del control parlamentario y la instrumentalización del Fiscal General del Estado, “arrastrado ahora hasta un procesamiento judicial por revelar secretos con el fin de destruir a rivales políticos”.

“Esto no es el Gobierno de Sánchez, es el Gobierno de Sánchez contra la democracia”, sentenció Montserrat. Advirtió también que Sánchez “está arrastrando peligrosamente a España hacia un régimen chavista mientras la Comisión Europea mira hacia otro lado”. 

Finalmente, exigió que el Informe sobre el Estado de Derecho “no sea una colección de buenas intenciones”, sino un documento valiente “que llame delito al delito y corrupto al corrupto”, y que señale “con nombres y apellidos a los enemigos que pisotean el Estado de Derecho para perpetuarse en el poder”. “Señor comisario, actúe antes de que nos roben la democracia”, concluyó. 

Por su parte, el eurodiputado del PP y presidente de la comisión de Libertades, Javier Zarzalejos, ha subrayado que el Estado de Derecho es “la piedra angular de la Unión” y que su protección no es opcional: “Sin instituciones democráticas sólidas, sin Estado de Derecho, no hay Unión Europea”, ha afirmado.

Zarzalejos ha defendido que el Estado de Derecho no es un concepto abstracto, sino que su respeto o vulneración es perfectamente identificable. En este sentido, ha recordado que el Parlamento Europeo ha sido motor de iniciativas para reforzar los mecanismos de control y vigilancia del respeto al Estado de Derecho en los Estados miembros. 

“Este informe refleja con claridad que los desafíos persisten”, señaló, enumerando graves retrocesos como la quiebra de la independencia judicial, la concentración de poder sin contrapesos, el debilitamiento del pluralismo informativo, el aumento de delitos de odio y la corrupción, “el verdadero flagelo de las sociedades democráticas”. 

Zarzalejos advirtió de que no se debe mirar solo a los “sospechosos habituales”, ya que Estados tradicionalmente sólidos desde el punto de vista institucional también suscitan hoy “serios motivos de preocupación”. “La credibilidad de la Unión depende de que no haya excepciones ni zonas de inmunidad a la hora de exigir la integridad del Estado de Derecho. Este Parlamento no es un tribunal político, pero sí tiene el deber de actuar con una voz firme cuando se trata de proteger los valores fundamentales de la Unión”, consideró.

Entre las preocupaciones, Zarzalejos señaló específicamente a España, de la que destacó elementos preocupantes tales como una ley de amnistía cuya constitucionalidad está en entredicho y cuyo único objetivo, dijo, “es garantizar la permanencia del Gobierno a cambio de impunidad”.

Además, la reforma del Consejo General del Poder Judicial, reclamada por la Comisión, sigue bloqueada; mientras el Fiscal General del Estado está formalmente procesado como presunto autor de un delito cometido en el ejercicio de sus funciones y continúa en su cargo, “una situación insólita”. Una campaña permanente de ataques calumniosos desde el propio Gobierno contra jueces que investigan casos de corrupción en el entorno del poder y ataques y presiones a periodistas y medios, especialmente aquellos que investigan o publican sobre dichas tramas que pasan por privación de publicidad institucional y una operación que afecta especialmente a las unidades especializadas de las fuerzas de seguridad en la lucha contra la corrupción. 

Zarzalejos concluyó su intervención recordando que defender el Estado de Derecho es aplicar las reglas a todos por igual y apeló a la coherencia, objetividad y constancia de las instituciones europeas en su vigilancia: “Lo que exigimos a unos, debemos exigírselo a todos. Por eso pedimos también a la Comisión que utilice este instrumento con claridad y determinación para cumplir su objetivo”