Europa debe actuar unida contra el abuso sexual infantil

Uno de cada cinco menores en Europa sufre abuso sexual. Ante una cifra tan estremecedora, no podemos mirar hacia otro lado. El abuso sexual infantil deja secuelas profundas y duraderas: muchas víctimas no llegan nunca a denunciarlo, y quienes lo hacen suelen tardar décadas en hacerlo. Como sociedad, tenemos la responsabilidad no solo de prevenir estos delitos, sino también de acompañar a quienes los han sufrido.

En este contexto, el Parlamento Europeo ha dado un paso importante al aprobar la actualización de la directiva europea contra el abuso sexual infantil. La nueva normativa adapta el marco legal a los desafíos actuales, refuerza el apoyo a las víctimas y armoniza las respuestas en todos los Estados miembros. Pero si bien esta legislación representa un avance necesario, no aborda por completo la dimensión digital del problema. Para ello, es esencial que se apruebe también el reglamento europeo para la lucha contra el abuso sexual infantil en línea.

Entre las medidas destacadas de la directiva se incluye la eliminación de los plazos de prescripción para enjuiciar a los abusadores de menores. La justicia no puede tener fecha de caducidad en delitos que, por su propia naturaleza, son especialmente difíciles de denunciar. Además, se incorporan como delitos los contenidos de abuso generados mediante inteligencia artificial, así como los llamados "manuales de instrucciones" destinados a enseñar cómo explotar a menores y evitar ser detectado. La normativa también mejora los mecanismos de denuncia, refuerza los derechos de las víctimas y obliga a los Estados miembros a eliminar de forma ágil los contenidos ilícitos presentes en la red.

Un reglamento específico para la lucha contra el abuso sexual infantil en línea permitiría establecer obligaciones claras y uniformes para los proveedores de servicios digitales en toda la Unión: evaluar riesgos, detectar materiales ilegales, denunciarlos y retirarlos. Mientras tanto, la magnitud del problema no deja de crecer: se estima que cada dos minutos aparece una nueva web con contenido de abuso sexual infantil.

La respuesta institucional de la UE ha sido hasta ahora fragmentada, lenta e insuficiente. Existen grandes desigualdades entre países en cuanto a prevención, persecución de los delitos y apoyo a las víctimas. A esto se suma la falta de herramientas comunes para actuar en el entorno digital, donde la mayoría de estos delitos se producen y se difunden hoy en día. Esta falta de coordinación debilita la capacidad de respuesta de la Unión y deja a miles de menores desprotegidos frente a redes de abusadores que actúan a escala global y con gran sofisticación tecnológica.

Sin embargo, el paso dado por el Parlamento Europeo no es suficiente y es que para que puedan materializarse estos avances, es necesario un acuerdo con la Comisión Europea y con el Consejo Europeo. Y será tras este acuerdo, cuando la Comisión Europea deba garantizar que los Estados miembros transpongan la directiva sin retrasos ni vacíos legales. No podemos permitir que esta legislación se quede en papel mojado. La lucha contra el abuso sexual infantil no puede seguir esperando. La protección de la infancia es, en última instancia, un reflejo de la dignidad y la decencia de nuestras sociedades. Y como tal, debe convertirse en una prioridad para todas las instituciones europeas.