El Parlamento Europeo estudiará las multas de la Generalitat a los comerciantes que no rotulen en catalán

Bruselas, 18 de marzo de 2025 – La reunión de coordinadores de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado hoy celebrar un debate en abril sobre la necesidad de poner fin a la política de monolingüismo catalán y la exclusión del español en el comercio, los negocios y las relaciones entre entidades privadas e individuos. Asimismo, se analizarán las graves sanciones económicas injustas impuestas como consecuencia de esta política de la Generalitat.

Según ha explicado la eurodiputada popular Alma Ezcurra, en este “taller sobre la libertad lingüística de los ciudadanos y las empresas frente a las políticas nacionalistas catalanas de imposición, sanción y multa se denunciará que en Cataluña no se respeta la diversidad lingüística ni la libertad de los ciudadanos para expresarse en cualquiera de las lenguas oficiales”. “Es el único lugar del mundo donde los empresarios no pueden elegir libremente en qué idioma rotular sus negocios”, ha manifestado.

“Desde Europa, exigimos el fin de estas políticas coercitivas que atentan contra la libertad y la convivencia”, ha agregado Ezcurra.

Este debate tiene su origen en la petición 0857/2017, que denuncia la normativa catalana sobre el uso de idiomas en la rotulación de comercios y las multas impuestas a aquellos establecimientos que no utilizan el catalán. La denuncia, respaldada por el Partido Popular, sostiene que dichas multas vulneran el derecho fundamental a la libertad de empresa, consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y constituyen una discriminación lingüística que atenta contra la diversidad.

Los peticionarios plantean que el respeto a la diversidad lingüística y cultural es un principio fundamental de la Unión Europea, recogido en el artículo 3 del Tratado de la UE y en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales, que prohíbe cualquier discriminación basada en la lengua.

En 2017, el Tribunal Constitucional dictaminó que los comerciantes no están obligados a rotular en catalán ni a atender en este idioma, a diferencia de las administraciones públicas, que sí deben garantizar el servicio tanto en catalán como en español. No obstante, el gobierno catalán sigue imponiendo sanciones lingüísticas y, desde 2022, ofrece sustituirlas por cursos de catalán. Además, han surgido nuevas amenazas de sancionar a hospitales donde no se atienda en catalán.

Este debate analizará medidas concretas que garanticen la libertad lingüística en Cataluña y que pongan fin a prácticas que puedan considerarse discriminatorias en el ámbito comercial y empresarial.