Pascual de la Parte pide llevar al régimen iraní ante la Corte Penal Internacional por la represión contra su pueblo

Estrasburgo, 8 de octubre de 2026.  El eurodiputado del Partido Popular Nicolás Pascual de la Parte ha reclamado una respuesta firme de la Unión Europea ante la represión del régimen iraní y ha pedido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que remita la situación de Irán a la Corte Penal Internacional.

El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves una resolución sobre la situación de los derechos humanos en Irán, con especial atención a los casos de Taraneh Rahimi y Leila Abolhasani, ambas sentenciadas a la pena de muerte.

Durante el debate previo a la votación, Pascual de la Parte advirtió de que “lo que está ocurriendo en Irán no es simplemente una crisis de derechos humanos, sino una represión sistemática y dolorosa contra un pueblo que lo único que pide es libertad”.

El eurodiputado popular se refirió en particular a Taraneh Rahimi, de 20 años, y Leila Abolhasani, de 43, cuyos casos reflejan la situación que afrontan numerosos presos políticos en el país, y recordó que no son casos aislados, sino que otras mujeres encarceladas por motivos políticos se encuentran también en riesgo de ser ejecutadas.

Pascual de la Parte denunció el recurso a las detenciones arbitrarias y a la pena de muerte como instrumentos de represión, en un país que, según recordó durante su intervención, presenta uno de los índices más elevados de aplicación de la pena capital. Según Iran Human Rights, al menos 532 personas fueron ejecutadas entre enero y agosto de este año, entre ellas 18 mujeres y 31 manifestantes.

“No podemos mantener silencio. La Unión Europea tiene que defender firmemente al pueblo iraní, sobre todo a las mujeres y a los jóvenes que muy valientemente piden libertad”, defendió Pascual de la Parte.

Ante esta situación, el eurodiputado popular reclamó elevar la presión internacional sobre el régimen iraní y pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que remita la situación de Irán a la Corte Penal Internacional para exigir responsabilidades por las violaciones de derechos humanos.