La legalidad de las balizas v16 será analizada en la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo

Bruselas,  28 de enero de 2026 – La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo estudiará, por iniciativa del Partido Popular, una denuncia ciudadana y petición formal ante la Comisión Europea y la Eurocámara contra la decisión del Gobierno de España de imponer la obligatoriedad de la baliza luminosa V16 conectada al sistema de la Dirección General de Tráfico 3.0 a partir del 1 de enero de 2026.

Tras su análisis en la comisión de Coordinadores de grupo de la comisión de Peticiones, los eurodiputados convinieron prever una comparecencia de los peticionarios que sostienen que la obligación de estas balizas vulnera el Derecho de la Unión Europea al imponer una carga legal y económica exclusivamente a los conductores con vehículos matriculados en España, mientras que los conductores de otros Estados miembros pueden circular por el mismo territorio sin estar sujetos a dicha exigencia. Esta diferencia de trato es considerada por estos peticionarios como discriminación prohibida por el artículo 18 del TFUE, al no existir una justificación objetiva ni proporcional.

La secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE) y vicepresidenta del EPP, Dolors Montserrat, ha subrayado que “la admisión de esta petición demuestra que existen dudas fundadas sobre la legalidad europea de una obligación impuesta de forma unilateral por el Gobierno de Sánchez”.

Montserrat ha advertido de que “no se puede obligar a millones de conductores españoles a asumir un coste económico que no se exige al resto de ciudadanos europeos, y menos aún escudándose falsamente en Bruselas”, pues “Europa no ha impuesto la baliza V16: ha sido una decisión exclusiva del Gobierno español”.

La dirigente popular ha señalado que “la Comisión de Peticiones va a analizar si esta medida vulnera principios básicos de la Unión, como la igualdad de trato, la proporcionalidad y el correcto funcionamiento del mercado interior”, y ha añadido que “cuando una norma genera discriminación, inseguridad jurídica y sospechas de fraude, Europa tiene la obligación de intervenir”.

Para la coordinadora del PPE en la Comisión de Peticiones, la eurodiputada Elena Nevado, este caso es un ejemplo claro de cómo una decisión nacional “mal planteada puede acabar vulnerando derechos básicos de los ciudadanos europeos”. Nevado ha subrayado que “la Comisión de Peticiones existe precisamente para dar voz a los ciudadanos cuando sienten que una administración se extralimita, y este caso es precisamente una obligación impuesta sin respaldo europeo, sin evaluación de impacto y con consecuencias económicas muy relevantes”.

La eurodiputada popular ha advertido además de que “no se puede convertir la seguridad vial en una excusa para aplicar cargas fiscales desproporcionadas ni para generar un mercado opaco en el que proliferen productos que no ofrecen garantías reales”. En este sentido, Nevado ha defendido que “Europa debe analizar con rigor si esta medida respeta el Derecho de la Unión y protege adecuadamente a los consumidores”.

Precisamente, los peticionarios denuncian una vulneración del principio de proporcionalidad, ya que la medida no se aplica de forma homogénea a todos los ciudadanos de la UE y traslada el coste íntegro de la supuesta mejora de seguridad vial únicamente a los conductores españoles.

El documento también alerta de una grave distorsión del mercado interior, señalando la existencia de una venta masiva de dispositivos V16 presuntamente no conformes o fraudulentos, publicidad engañosa de productos presentados como “homologados” que no cumplirán los requisitos exigidos en 2026, y una falta de control institucional efectivo sobre la homologación y distribución de estos dispositivos.

Los peticionarios solicitan la apertura de una investigación formal sobre la compatibilidad de la normativa española con el Derecho de la UE, la revisión del impacto económico injustificado impuesto a los conductores españoles, la evaluación de posibles fraudes en la comercialización de las balizas V16 y y, si procede, la incoación de un procedimiento de infracción contra el Reino de España por vulneración del derecho comunitario.

Para Montserrat, “el Gobierno de Sánchez ha priorizado la recaudación frente a la seguridad vial y la protección de los consumidores”, pues esta imposición puede suponer hasta 300 millones de euros en IVA a costa de los conductores españoles.

El PPE seguirá defendiendo que ninguna familia española pague más por decisiones arbitrarias que no cuentan con respaldo europeo ni con garantías suficientes.