Los eurodiputados del PP votan en contra del acuerdo agrícola con Marruecos

16.02.2012 16:30

Los eurodiputados del PP votan en contra del acuerdo agrícola con Marruecos

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Las opiniones aquí expresadas pertenecen a la delegación nacional y no reflejan necesariamente las del Grupo Popular en su conjunto

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Estrasburgo (Francia), 16 de febrero de 2012.- Los eurodiputados del PP votaron hoy, jueves, en contra del acuerdo agrícola con Marruecos por considerar que pondrá en peligro miles de empleos agrícolas en España y agrava la situación de unos productores que ya tienen que hacer frente a los fraudes en los contingentes de importación del convenio que está en vigor.Los eurodiputados populares rechazaron un acuerdo que supone un aumento de los contingentes de exportación de frutas y hortalizas marroquíes a la UE con respecto al acuerdo actual, sobre los que se ya han detectado graves incumplimientos en los últimos años, y reprocharon a la Comisión  Europea su "pasividad" ante este fraude.

El Parlamento Europeo adoptó junto con la ratificación del acuerdo una resolución que recoge a iniciativa del Partido Popular la exigencia de modificar el régimen de precios de entrada para mejorar el control sobre las importaciones y acabar con la entrada fraudulenta de tomates marroquíes principalmente.

En dicha resolución, la Eurocámara solicita asimismo al Ejecutivo comunitario que "promueva unas medidas y controles equivalentes entre Marruecos y la Unión Europea en materia medioambiental y normas de seguridad alimentaria, a fin de garantizar una competencia leal entre ambos mercados".

El voto en contra del acuerdo de los eurodiputados populares "no es un 'no' a Marruecos, que es un socio preferente de la UE y que debe seguir siéndolo en el futuro; es un 'no' a un acuerdo absolutamente desequilibrado, que no contempla ni una sola garantía de que los derechos de aduana se van a pagar y propicia el fraude y que permite una competencia desleal con nuestros productores avocándoles al abandono de sus cultivos. En resumen, es un 'no' a la desaparición de los productores hortofrutícolas de regiones como Andalucía, Murcia o Canarias", explicó el eurodiputado canario del PP, Gabriel Mato.

La eurodiputada riojana del PP, Esther Herranz, criticó por su parte que la Comisión Europea haga "oídos sordos a las preocupaciones manifestadas tanto desde el sector como de la misma Eurocámara", cuya comisión de Peticiones solicitó el pasado año al Ejecutivo comunitario que modificara la normativa para acabar con las situaciones fraudulentas, a raíz de un informe de la propia Agencia Antifraude de la UE (OLAF).

Herranz explicó que el Ejecutivo europeo se escuda en que son los Estados miembros quienes deben garantizar el control de las importaciones y oculta que es el régimen de precios de entrada en vigor el que impide a las autoridades aduaneras nacionales hacer una trazabilidad correcta de los precios declarados por los importadores para comprobar que no se ha producido ninguna irregularidad", afirmó.

También se expresaron en contra del acuerdo la eurodiputada extremeña del PP, Auxiliadora Correa, para quien se trata de un acuerdo "rotundamente perjudicial" para la agricultura española y la alicantina Eva Ortiz, quien exigió a la Comisión Europea una revisión de sus términos y de la legislación comunitaria que permite el fraude en los precios y los contingentes de entrada de productos marroquíes.

Por su parte, la sevillana Teresa Jiménez-Becerril recordó que si esté nuevo acuerdo tan perjudicial para los productores españoles ha salido adelante "ha sido por el impulso del anterior Gobierno socialista español, que fue incapaz de negociar unas condiciones que no dañaran a los agricultores españoles".

Los eurodiputados españoles, junto al italiano Giovani La Via, el francés Michel Dantin, la portugues Maria Patrao Neves y la alemana Elisabeth Jeggle -todos del Grupo Popular Europeo- también han transmitido un escrito al comisario europeo de Ampliación y Vecindad, Stefan Fule, para urgirle a escuchar las quejas del sector europeo y a que emprenda las medidas necesarias para modificar el régimen de precios de entrada. 

 

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