El PP pide a la Comisión Europea establecer un máximo de 60 días para dar licencias de construcción de viviendas

Bruselas, 21 de octubre de 2025- El Partido Popular Europeo ha propuesto en el Parlamento Europeo un paquete de simplificación para reducir trabas, medidas para acelerar permisos y garantizar que la legislación europea no frene la construcción. Ha sido a través de las enmiendas presentadas de forma conjunta por el Grupo PPE al informe que lidera el eurodiputado del PP Borja Giménez Larraz.

Entre las medidas más destacadas, los populares europeos han pedido que la Comisión establezca un plazo máximo de 60 días para otorgar licencias de construcción, junto con la digitalización completa de los procedimientos y ventanillas únicas nacionales que agilicen trámites y reduzcan costes.

“No podemos pedir más viviendas y al mismo tiempo asfixiar a quienes las construyen”, ha señalado Giménez. El eurodiputado ha recordado que, según el Banco de España, el país necesita al menos 700.000 nuevas viviendas, pero la construcción sigue frenada por la burocracia y la falta de seguridad jurídica. 

“Las licencias de obra en Europa han caído casi un 20 % en los últimos cinco años, una muestra de que los retrasos administrativos y la maraña normativa están paralizando la oferta y castigando a quienes más necesitan un hogar”, ha advertido.

Este paquete exige que normativas como la Ley de Restauración de la Naturaleza, la Directiva de Calidad del Aire o la Directiva Marco del Agua no supongan nuevas cargas a los proyectos residenciales. Los eurodiputados del grupo también han pedido revisar la normativa energética para garantizar que los objetivos de sostenibilidad no encarezcan el acceso a la vivienda. 

Además, plantean un IVA superreducido para la construcción y rehabilitación de viviendas, incentivos fiscales para propietarios que alquilen a jóvenes o familias y un mayor apoyo a personas mayores o con discapacidad.

Acelerar los desalojos, sanciones mínimas y un registro de ocupación

El Partido Popular ha exigido también a la Comisión Europea tomar medidas a nivel comunitario para para combatir la ocupación ilegal con la creación de un Registro Europeo de Ocupación Ilegal que permita a los Estados miembros intercambiar información y detectar redes vinculadas a la delincuencia organizada. Además, insta a la Comisión a proponer directrices comunes para acelerar los desalojos, establecer sanciones mínimas y garantizar la protección del derecho de propiedad en toda la Unión. 

Las enmiendas también reclaman procedimientos de desalojo más rápidos y compensaciones adecuadas para los propietarios afectados, recordando que recuperar una vivienda ocupada no es solo una cuestión de justicia, sino esencial para mantener la confianza en el mercado del alquiler. 

Con la presentación de estas enmiendas, el informe, que servirá de base para los futuros planes de la Comisión Europea en materia de vivienda, entra ahora en su recta final. Arranca ahora la fase de negociación entre los grupos entre noviembre y enero, antes de su votación en la Comisión HOUS en febrero de 2026 y su debate y votación final en el Pleno del Parlamento Europeo en marzo de 2026.