El PP denuncia que el acuerdo sobre Gibraltar refuerza la colonia, perpetúa sus privilegios y favorece la competencia desleal

Comisión de AFET e INTA

El PP denuncia que el acuerdo sobre Gibraltar refuerza la colonia, perpetúa sus privilegios y favorece la competencia desleal

• Los populares creen que es una “oportunidad perdida” para España y advierten de desequilibrios en fiscalidad, medio ambiente, vivienda, transporte y competencia con los territorios vecinos
• Critican que el acuerdo sobre Gibraltar no pase por las Cortes para su aprobación y reste control a España

Bruselas, 1 de septiembre de 2026.  Los eurodiputados del Partido Popular han cargado este martes contra el Gobierno por el acuerdo entre la UE y Reino Unido sobre Gibraltar, al considerar que el Ejecutivo ha desaprovechado una oportunidad para avanzar en la posición española sobre el Peñón, ha cedido capacidad de control en su aplicación y ha permitido consolidar sus privilegios y desequilibrios fiscales y regulatorios.

El acuerdo, firmado el pasado 14 de julio en Bruselas y en aplicación provisional desde el 15 de julio, establece el marco de la relación de Gibraltar con la Unión Europea tras el Brexit, sin entrar en la cuestión de la soberanía y perpetuando algunos de los problemas que afectan a la zona. 

En su intervención en la reunión conjunta de las Comisiones de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional del Parlamento Europeo, el eurodiputado Francisco Millán Mon lamentó la ocasión que suponía el Brexit para plantear un tema muy importante para España como es “el fin de la última colonia en suelo europeo, como también reclama Naciones Unidas. España tenía además derecho de veto sobre el Acuerdo”.

“Pero el Gobierno español no ha querido aprovechar la ocasión para progresar en la descolonización. Desgraciadamente, el Gobierno español no cree en la integridad territorial. El Acuerdo es, pues, una gran oportunidad perdida”, añadió. 

Millán Mon criticó que el texto no vaya a ser sometido a la autorización de las Cortes españolas, al contrario de lo que sucede en el Parlamento británico y en el de Gibraltar. “El Gobierno español, con la ayuda de la Comisión Europea, considera que el Acuerdo es solo un ‘Acuerdo UE’ y no un ‘Acuerdo mixto’, que es lo que realmente es, pues afecta esencialmente a competencias de un Estado miembro, como es España, y tiene un elevado carácter político”, explicó. “Es un atropello que no pase por las Cortes”, añadió.

El eurodiputado gallego expresó asimismo su sorpresa sobre el papel limitado que corresponderá a España en la futura aplicación y vigencia del Acuerdo, en contraste con el protagonismo otorgado a Gibraltar por el Gobierno británico. 

TEMA FISCAL

Por otra parte, Millán Mon advirtió de que el Acuerdo “no altera las bases esenciales de la economía gibraltareña ni de su fiscalidad”, manteniendo un régimen excepcional que sigue siendo acusado por muchos de paraíso fiscal. También recalcó que el texto “mantiene un sistema que crea competencia desleal y perjudica al territorio vecino”. “Los defensores del Acuerdo mencionan que su objetivo es la prosperidad compartida, pero este requiere igualdad fiscal real y efectiva”, subrayó.

Aunque reconoció que el texto incorpora aspectos positivos como la libre circulación de los trabajadores y la supresión de la verja, consideró que el coste del convenio es demasiado alto. Además de las graves carencias ya señaladas, es insuficiente en materia de pensiones. También criticó los problemas medioambientales, los privilegios para la base militar británica y los militares y denunció la no resolución de los conflictos en materia pesquera, al tiempo que mostró sus dudas sobre el mecanismo financiero previsto en el Acuerdo. 

“En suma, el balance global es negativo y no puedo apoyar la aprobación de este Acuerdo”, recalcó Millán Mon.

Finalmente, el eurodiputado popular resumió su posición calificando nuevamente el Acuerdo como “una gran ocasión perdida”. Y lamentó que la Comisión Europea y la Unión Europea contribuyan a un Acuerdo perjudicial para España que no supone ningún avance en la recuperación de una colonia, considerada como tal por la jurisprudencia y la legislación europeas.

Por su parte, Borja Giménez Larraz centró su intervención en los efectos económicos y territoriales del acuerdo: el supuesto objetivo de la prosperidad compartida no justifica, a su juicio, un pacto que mantenga “privilegios y desequilibrios” en ámbitos como el medio ambiente, la vivienda o el transporte.

Giménez Larraz trasladó a la Comisión Europea una preocupación especialmente vinculada a la competitividad de los puertos de la bahía de Algeciras y Gibraltar. Preguntó por la reciprocidad en el acceso a los puertos y por las condiciones de competencia entre ambas instalaciones, con especial atención a actividades como el bunkering. Si no existe una verdadera igualdad fiscal y regulatoria, el acuerdo podría consolidar una “desigualdad estructural” en el tráfico portuario del Estrecho.

El eurodiputado reclamó además garantías sobre la protección ambiental de la zona y preguntó a la Comisión qué medidas piensa adoptar para evitar que las posibles distorsiones económicas en el entorno portuario queden perpetuadas.   

DECEPCIÓN ANTE LOS RESULTADOS

Por su parte, Nicolás Pascual de la Parte expresó su “decepción” y “sorpresa” por la tramitación de un acuerdo que considera “muy perjudicial para España” y denunció que el Parlamento no ha recibido información suficiente y oportuna durante las negociaciones.

Pascual acusó de “opacidad” al proceso negociador entre el Gobierno español y el resto de Estados miembros y reprochó a la Comisión no haber ejercido su papel de garante de los Tratados.   

El eurodiputado puso en duda que las condiciones acordadas permitan garantizar una competencia efectiva entre Gibraltar, el Campo de Gibraltar y el resto de España, y advirtió de que las diferencias en el impuesto de sociedades podrían generar incentivos para que empresas opten por establecerse en el Peñón.

“Es una tomadura de pelo”, afirmó al referirse a la situación fiscal, antes de concluir que Gibraltar seguirá funcionando, a su juicio, como un “paraíso fiscal”.   

El tratado, cuya aplicación provisional ya está en marcha, deberá completar todavía el procedimiento europeo de ratificación. El Parlamento Europeo debe dar su consentimiento y posteriormente el Consejo podrá adoptar la decisión de conclusión del acuerdo.