El PP denuncia en el Parlamento Europeo las dudas jurídicas que plantea la obligatoriedad de la baliza V16 en España

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Bruselas, 26 de febrero de 2026. La obligatoriedad desde el pasado 1 de enero de las balizas V-16 en España ha llegado al Parlamento Europeo. 

El Partido Popular considera que la imposición de esta baliza por parte del Gobierno de España es “una preocupación que afecta a millones de ciudadanos, que ha generado enormes costes económicos, confusión y muchas dudas jurídicas”. Se trata, en definitiva, de un dispositivo que nadie más en Europa utiliza y prueba de ello es que somos el único estado miembro en ponerla en funcionamiento. 

Los peticionarios señalan que esta exigencia afecta exclusivamente a los conductores con vehículos matriculados en España, mientras que los vehículos procedentes de otros Estados miembros pueden circular por el mismo territorio sin estar sujetos a esta obligación, lo que, a su juicio, podría constituir una discriminación contraria a los Tratados europeos.

Además, la eurodiputada Elena Nevado, ha querido recordar que hace unos días, la Comisión Europea confirmó en una respuesta parlamentaria que el Gobierno de España no notificó a Bruselas, tal y como exige la legislación europea, la normativa que establece la obligatoriedad de la baliza V16, lo que plantea problemas jurídicos y llegar incluso a cuestionar la aplicación de la obligación en vigor.

Además, asegura Elena Nevado, que en su respuesta reconoció que esta imposición puede afectar al mercado interior, al señalar que la introducción de requisitos técnicos nacionales específicos “puede constituir una medida de efecto equivalente a una restricción del comercio”. 

DUDAS SOBRE LOS CONTRATOS PARA ADQUIRIR LA BALIZA

Para la eurodiputada Elena Nevado, “la imposición de este sistema ha castigado el bolsillo de millones de españoles” ya que todos se han visto obligados a comprar la baliza que imponía el propio Gobierno, lo que nos hace pensar que detrás hay una intención recaudatoria. 

Además, la Dirección General de la Guardia Civil ha iniciado un procedimiento para adquirir 17.000 balizas V-16 por un importe de 749.776,50 euros, es decir, en torno a 44 euros por unidad. Sin embargo, esas mismas balizas homologadas y conectadas pueden encontrarse en el mercado minorista por precios sensiblemente inferiores, incluso desde 29,99 euros por unidad. 

Resulta legítimo, denuncian desde el PP, preguntarse cómo es posible que un ciudadano pueda adquirir el mismo dispositivo hasta un 30 % más barato que una administración pública que compra decenas de miles de unidades. 

La Comisión de Peticiones es el órgano encargado de examinar las denuncias de ciudadanos europeos que consideran que una medida nacional vulnera la normativa comunitaria o sus derechos fundamentales, y podrá solicitar explicaciones a la Comisión Europea o promover actuaciones adicionales.