El Parlamento Europeo pide salvaguardias frente a amnistías e indultos por corrupción

Estrasburgo, 8 de octubre de 2026. –  El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves una resolución sobre la futura estrategia de la UE de lucha contra la corrupción que reclama reforzar las normas europeas y nacionales de prevención, transparencia, integridad institucional y persecución de los delitos de corrupción. 

El texto, cuyo ponente ha sido el presidente de la Comisión de Libertades, el popular Javier Zarzalejos, insta a los Estados miembros que refuercen sus mecanismos contra la corrupción y adapten sus marcos nacionales al nuevo enfoque europeo.

El contenido de la resolución es especialmente relevante para España por coincidir con distintas investigaciones judiciales que afectan a personas del entorno político y personal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre ellas las relativas a Begoña Gómez, David Sánchez o la de el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, la trama del denominado caso Koldo que afecta a varios ministerios o la del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

La resolución reclama que la futura estrategia europea complemente las estrategias nacionales y centre sus esfuerzos en la corrupción transfronteriza, la integridad de las instituciones de la Unión y la protección de los intereses financieros europeos.

El texto apuesta por reforzar la prevención de la corrupción, la transparencia, la contratación pública y la capacidad de las instituciones para detectar y combatir estas prácticas. Entre los ámbitos que identifica figuran la transparencia del lobby, los conflictos de intereses, las puertas giratorias, la financiación política, las declaraciones de patrimonio e intereses y la protección de los denunciantes.

Amnistías e indultos

La Resolución apela a prestar especial atención a la definición y persecución de la malversación y establecer salvaguardias frente a determinadas medidas de clemencia en casos de corrupción, de actualidad en España por la aplicación de la Ley de Amnistía a conductas relacionadas con corrupción del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

En este sentido, uno de los apartados de la resolución que adquiere especial relevancia en el debate político español es el dedicado a la ejecución de las sanciones en casos de corrupción. El punto 29 recoge prestar "especial atención a la ejecución de las sanciones" por delitos de corrupción y menciona expresamente las "amnistías", los "indultos", la "conmutación de penas", la "libertad anticipada o condicional" y la "no ejecución de las medidas de decomiso". 

El texto propugna que, cuando se apliquen estas medidas, estén sujetas a "criterios claros, objetivos y transparentes" y que las decisiones sean "públicas y debidamente motivadas". Todo ello “a fin de evitar que disminuya la eficacia de las sanciones, se debilite el efecto disuasorio o se erosione la confianza pública en la aplicación equitativa de la ley”.

Malversación y control de los fondos públicos

La malversación ocupa también un lugar específico en el texto aprobado por el Parlamento Europeo, que pide medidas preventivas y una adecuada definición y persecución de esta conducta.

El Parlamento Europeo apuesta por reforzar las garantías de integridad en la contratación pública y establecer mecanismos que permitan actuar frente a empresas vinculadas a determinadas conductas corruptas. También plantea una mayor cooperación cuando las exclusiones de la contratación pública tengan una dimensión transfronteriza.

El texto defiende además que los futuros programas nacionales y regionales puedan incorporar, cuando sea necesario, hitos y objetivos específicos de lucha contra la corrupción y que se apliquen criterios transparentes y objetivos en los niveles regional y local.

Estas medidas afectan directamente a uno de los ámbitos centrales de las investigaciones del denominado caso Koldo, relacionado con adjudicaciones y contratación pública. La instrucción de esta causa continúa abierta y ha sido prorrogada para completar, entre otras diligencias, el análisis de dispositivos intervenidos a los principales investigados.

Más cooperación contra la corrupción

El texto solicita cooperación reforzada entre los Estados miembros, Europol, Eurojust, la Fiscalía Europea y OLAF para investigar los delitos de corrupción. También insta mejorar las capacidades para localizar, embargar, decomisar y recuperar los activos procedentes de la corrupción.

La protección de los denunciantes y de los periodistas de investigación constituye otra de las prioridades de la resolución.

Control sobre financiación e integridad pública 

La resolución reclama reforzar las normas sobre conflictos de intereses, regalos y hospitalidad, declaraciones de patrimonio e intereses, viajes patrocinados, puertas giratorias y actividades de lobby; todo ello presente también en la investigación que afecta a Rodríguez Zapatero 

El Parlamento europeo también pide mayor transparencia en la financiación de los partidos políticos, coincidiendo con la investigación judicial sobre los presuntos pagos en metálico realizados desde el PSOE entre 2017 y 2024, incluidos los relacionados con José Luis Ábalos y Koldo García.

Finalmente, defiende también recursos suficientes para aplicar la futura estrategia europea, el desarrollo de herramientas digitales y el refuerzo de las capacidades de la Fiscalía Europea y de OLAF. Asimismo, reclama que los Estados miembros que todavía no participan en la Fiscalía Europea se adhieran a ella.

Por último, el texto plantea establecer indicadores comunes para medir los avances en la lucha contra la corrupción y solicita que el informe anual sobre el Estado de Derecho incluya una evaluación específica de la corrupción en cada Estado miembro, acompañada de recomendaciones concretas y medibles.