Zoido pide un aplazamiento de las nuevas exigencias de etiquetado europeo para el vino

28 de noviembre de 2023- El eurodiputado del PP, Juan Ignacio Zoido, ha denunciado hoy en el Parlamento Europeo que “es imposible que miles de productores en toda Europa cambien sus etiquetas de la noche a la mañana”, en la Comisión de Agricultura. Por ello, ha pedido un aplazamiento de las nuevas exigencias de etiquetado europeo para el vino.

Lo ha hecho ante la entrada en vigor el 8 de diciembre de 2023 del nuevo Reglamento europeo que modifica las normas de etiquetado en los vinos, que no contempla periodo de adaptación, por lo que solo en España “habría 100 millones de etiquetas ya impresas por los productores que no serían válidas”.

“Desde el PPE les pedimos que rectifiquen antes de que sea demasiado tarde, que suspendan la implementación del etiquetado conocido como Q&A y que trabajen en unas nuevas directrices que sean compatibles con la normativa europea, y especialmente, compatibles con la realidad”.

Zoido ha mostrado “estupor e indignación” con el calendario que plantea la Comisión para estas directrices: “No sé si son conscientes de que el proceso de impresión de las etiquetas de las que estamos hablando requiere entre 4 y 6 meses como mínimo, pudiendo prolongarse en función de las limitaciones de industria del papel”.

“Y a pesar de ello, pretenden que todos los vinos producidos y etiquetados a partir del 8 de diciembre tengan que adaptarse a estar directrices, haciendo caso omiso no sólo de las advertencias que se hicieron desde el Parlamento Europeo, sino de las propias limitaciones operativas del sector.

Si acaban imponiendo este criterio, varios cientos de millones de etiquetas en toda Europa irán directamente a la papelera.

Atropello burocrático a las Pymes, que son el 99% de las empresas del sector vitivinícola

Lo ha calificado como “un intento de reforma exprés que supone un atropello burocrático que no solamente va a generar un importante perjuicio económico y operativo a miles de productores, sino que está poniendo en riesgo la seguridad jurídica y la estabilidad de todo el sector”.

“Precisamente lo contrario de lo que se supone que debería garantizar la Comisión, especialmente para un sector como el vitivinícola, donde el 99% de las empresas son Pymes”, ha concluido.