Eurodiputados mediterráneos del Grupo PPE defienden que la PAC mantenga su dotación financiera y que no se reforme hasta 2024 para valorar el impacto del Brexit

09.02.2018 11:09

Eurodiputados mediterráneos del Grupo PPE defienden que la PAC mantenga su dotación financiera y que no se reforme hasta 2024 para valorar el impacto del Brexit

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Las opiniones aquí expresadas pertenecen a la delegación nacional y no reflejan necesariamente las del Grupo Popular en su conjunto
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A iniciativa de la eurodiputada riojana Esther Herranz y el eurodiputado francés Michel Dantin

Ocho eurodiputados del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) del Parlamento Europeo pertenecientes a cuatro países del área mediterránea han pedido que la próxima reforma de la Política Agrícola Común (PAC) de la UE no suponga un recorte de su financiación y que tampoco implique una renacionalización de la misma. Los parlamentarios defienden además que la PAC continúe hasta 2024 para poder afrontar su reforma una vez que se pueda evaluar en profundidad el impacto de la salida de Reino Unido de la UE, prevista para 2019.

Estas peticiones se recogen en un documento elaborado conjuntamente por la eurodiputada riojana Esther Herranz y Michel Dantin, miembro de la delegación francesa del PPE, y que también cofirman los españoles Ramón Luis Valcarcel y Gabriel Mato, además de Angelique Delahaye (Francia); de Nuno Melo y Sofia Ribeiro (Portugal) y del griego Manolis Kefalogiannis. Este jueves el documento fue entregado a Herbert Dorfmann con el fin de que conozca las posturas que en él se expresan de cara a su labor como ponente del informe que está elaborando el PE sobre la Comunicación que presentó la Comisión Europea el pasado 29 de noviembre y que supuso el primer paso de cara a la nueva reforma de la Política Agrícola Común.

Los ocho eurodiputados señalan en el documento que los objetivos clave de la PAC deben ser el fomento de un sector agrícola que garantice ingresos justos y una posición más sólida para los agricultores dentro de la cadena alimentaria; asegurar un nivel suficiente de suministro de alimentos a los consumidores europeos a un precio razonable a la vez que se contribuye a cumplir los objetivos climáticos de la UE; y, además, fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales.

Asimismo, los eurodiputados citan como objetivos que debe lograr la reforma de la PAC la renovación generacional en el campo europeo y el fomento de la innovación en la agricultura en las zonas rurales, ya que en su opinión el futuro del sector depende en gran mediad del atractivo de la política agrícola de la UE.

En concreto, los eurodiputados defienden que los pagos directos y las medidas de mercado deben seguir siendo financiados íntegramente por la UE y sin que se produzca un recorte, evitando los intentos de renacionalizar la PAC a través de la cofinanciación o del uso desproporcionado del principio de subsidiaridad.

“El presupuesto de la PAC debería, al menos, mantenerse en el próximo Marco Financiero Plurianual para conservar un alto nivel de ambición en la implementación de estándares ambientales y de seguridad alimentaria”, aseguran los eurodiputados.

Además, los eurodiputados piden que los recursos de la PAC se adapten a desafíos futuros, como los derivados del Brexit (salida de Reino Unido de la UE) y de los acuerdos de libre comercio suscritos por la UE con sus principales socios comerciales”, y subrayan que la PAC debe continuar hasta 2024 para “separar las discusiones sobre su reforma de las relativas al marco de perspectivas financieras y estudiar en profundidad el impacto del Brexit en los agricultores europeos”.

De manera más específica, los eurodiputados populares recuerdan que las regiones mediterráneas de la UE son más vulnerables a los impactos del cambio climático, como la sequía, los incendios y la desertificación, por lo que los agricultores de estas zonas necesitarán mayores esfuerzos para adaptar sus actividades a un entorno alterado; unos esfuerzos que “deberían reflejarse y apoyarse en el marco de políticas de la PAC”.

En particular, los parlamentarios sostienen que las medidas ya existentes en favor de los sectores mediterráneos deben mantenerse en el llamado primer pilar (pagos directos y medidas de mercado) y piden que se refuercen los sistemas de gestión; sobre todo, en frutas y verduras, aceite de oliva y vino. En el caso de este último sector, el documento es claro al destacar la necesidad de que el actual régimen de autorizaciones de plantación ha de seguir en vigor más allá de 2030.

Además, proponen que sea introducida una “nueva herramienta que permita el almacenamiento privado de aceite de oliva en aquellos años en los que exista una sobreproducción, para así poder liberar el excedente almacenado cuando la producción se encuentre por debajo de la demanda”.

Medidas de desarrollo rural

Respecto a las medidas de desarrollo rural –conocidas como segundo pilar de la PAC-, los eurodiputados que han elaborado el documento defienden que sus objetivos principales sigan siendo “garantizar un sector agrícola competitivo y sostenible en el futuro fomentando las inversiones, la innovación y las acciones de investigación, apoyando transferencias de conocimiento y la transición a nuevos modelos de producción, compensando los costes adicionales debidos a limitaciones específicas y alentando la renovación generacional”.

Asimismo, defienden que se fomente el uso de nuevas tecnologías en la agricultura, que se reduzca la carga burocrática y que se apoye mejor a los jóvenes agricultores, con medidas específicas como el fomento de los acuerdos de colaboración como asociaciones, la agricultura compartida y el arrendamiento entre agricultores antiguos dantiny jóvenes.

Los eurodiputados también mencionan en su documento que se debe mantener un apoyo especial para las áreas de montaña, las regiones ultraperiféricas, como Canarias, y otras áreas menos favorecidas. Se hace hincapié en la necesidad de un trato diferenciado para los agricultores de estas regiones que afrontan costes adicionales debido a sus limitaciones específicas. De igual modo, en el documento se muestran firmes al defender que los programas POSEI destinados a las RUP se mantengan “separados del régimen general de pagos directos de la UE”.

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