Leopoldo López Gil pide mejorar la aplicación de condenas internacionales sobre violaciones de derechos humanos para evitar la impunidad

El eurodiputado del PP y portavoz para asuntos de derechos humanos del Grupo Popular Europeo, Leopoldo López Gil, ha asegurado hoy que es necesario mejorar los mecanismos de aplicación de las sentencias dictadas por tribunales en casos de violaciones del derecho internacional respecto a los derechos humanos.

“Cuando se produce una violación de los derechos humanos o un delito internacional, son los tribunales nacionales del Estado en cuestión los responsables de la aplicación judicial de esas normas, de procesar a quienes hayan cometido crímenes internacionales en su territorio y, también, de proporcionar una reparación a las víctimas. Sin embargo, estos crímenes internacionales suelen ser cometidos por agentes del Estado como parte de la política estatal, por lo que los gobiernos no procesan a sus propios funcionarios implicados en tales acciones”, ha explicado López Gil esta tarde durante una reunión de la subcomisión de derechos humanos del Parlamento Europeo en la que han participado varios expertos y profesores universitarios de derecho internacional.

La complejidad de este asunto, ha añadido López Gil, ha derivado en algunos lugares del mundo en “una cultura de la impunidad que contribuye a un clima en el que las violaciones de los derechos humanos son recurrentes, no se castiga a los perpetradores y no hay justicia real para las víctimas”.

Esta impunidad, ha explicado, “es una herramienta a la orden del día en Latinoamérica; países como Cuba, Venezuela, e incluso vemos signos incipientes en Nicaragua, han sido denunciados  por ejercer crímenes denominados de lesa humanidad, ya que adoptan prácticas de estado que abarcan el asesinato, la tortura, la persecución política y otros actos inhumanos o degradantes contra los propios ciudadanos, con el objetivo de su permanencia en el poder”.

Se trata, ha dicho también López Gil, de “regímenes enraizados en sistemas cuyos poderes estatales (ejecutivo, legislativo y judicial) son completamente corruptos”, por lo que “no es de extrañar que las consecuencias últimas recaigan sobre la población civil, que vive en pobreza extrema, con unos servicios públicos deficientes y con unos índices democráticos casi inexistentes”.

Las opciones de poner fin a esta cultura de la impunidad,, ha sugerido el eurodiputado popular, podrían ser acudir a tribunales internacionales que se ocupen de la responsabilidad penal de estos agentes estatales; que los tribunales nacionales de otros estados decidan aplicar el derecho internacional de los derechos humanos de forma transnacional; o confiar en que un cambio de gobierno en el propio estado favorezca a separación de poderes, en especial que el poder judicial pueda llevar ante la ley aquellos crímenes cometidos dentro de las fronteras de su propio estado.